Esta semana se conoció que el gobierno de Donald Trump empezó a notificar a texanos que viven cerca del Rio Bravo sobre la compra o expropiación de tierras para la construcción del muro fronterizo con México, sin embargo, expropiar cientos de terrenos privados puede llevar al magnate una dura batalla legal, que podría tomar varios años (recordando que su mandato dura cuatro años), según un reporte que publicó este viernes el diario The Wall Street Journal (WSJ).
Abogados consultados por el rotativo indicaron que para la nueva Casa Blanca no será inconveniente demostrar el uso público en el caso del muro fronterizo, pero esto sería un proceso que puede tomar varios años.
“Podría tomar meses o incluso años para que la administración Trump negociara individualmente con los cientos de dueños de tierras privadas a lo largo de la frontera y si no quieren vender el proceso se complicaría y por ende duraría más tiempo”, explicó Robert McNamara, un abogado experto en el tema.
Cabe destacar que el gobierno federal tiene la autoridad para expropiar tierras privadas para usos públicos, sin embargo la Constitución ordena que los dueños de los terrenos reciban una “compensación justa”, ante esto Trump está ofreciendo dos mil 900 dólares por cada acre.
La expropiación es la posibilidad de la que más se habla porque según el WSJ, la mayoría de los texanos consultados no quieren vender sus terrenos a Washington.
A lo ya mencionado se suma que otra batalla, pues congresistas estatales demócratas en Nuevo México propusieron una legislación que impide a la Casa Blanca adquirir tierras para construir el muro fronterizo. Mientras que en California, el gobernador adjunto, el demócrata Gavin Newsom, propuso el uso de leyes ambientales estatales y federales para luchar contra la construcción del muro en parte de su estado.
Asimismo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, le advirtió hace unos días al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que bloquearán cualquier intento de utilizar fondos del actual presupuesto para la obra.
Pero Trump ignoró la sentencia y asignó millonarios fondos para la construcción de la “gran muralla”, así como en el reclutamiento de policías y abogados migratorios.
Un aproximado del 67% de los tres mil kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México está construido por tierras privadas o del Estado, la mayoría se ubican en Texas, según datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
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