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A nueve meses de los hechos de Iguala y casi ocho de la detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa, la Procuraduría General de la República (PGR) logró obtener del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales, una orden de aprehensión contra el exalcalde Iguala, como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según informó La Jornada el viernes pasado, con base en declaraciones de fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Pese a que José Luis Abarca fue detenido el 4 de noviembre y enviado dos días después al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, hasta el momento solo se encontraba preso por las averiguaciones que lo vinculan con los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ahora se suma la indagatoria por la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos que, según la investigación oficial, fueron asesinados y sus restos calcinados el 27 de septiembre.
El mismo juzgado, además, liberó una orden de aprehensión contra Pineda Villa, por delincuencia organizada, debido a los presuntos vínculos que tiene con los grupos de narcotráfico que operan en Guerrero. Al día de hoy, la esposa de Abarca solo permanecía en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, por el delito de lavado de dinero.
Según las fuentes consultadas por el diario, en dos ocasiones anteriores, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) habían intentado sin éxito obtener las ordenes de aprehensión contra Abarca y Pineda por la desaparición de los normalistas, pero por una u otra técnica legal el juzgado había negado las órdenes.
De hecho, cabe recordar que el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló en constantes conferencias y entrevistas que la PGR seguía armando con cautela los expedientes para obtener las órdenes de captura y que en los juicios quedará perfectamente sustentado el delito.
Contra Pineda Vila, la PGR logró comprobar en su investigación que lavó al menos 13 millones de pesos para los Beltrán Leyva y la organización criminal Guerreros Unidos. Esta acusación la sustenta con base en documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que señalan que de 2009 a 2012 sus declaraciones fiscales presentan una diferencia de ingresos no comprobable de tres millones 286 mil 641 pesos.
Asimismo, indica que de 2009 a 2014, a través de cuatro cuentas bancarias, recibió por concepto de depósitos la cantidad de 13 millones 722 mil 849 pesos, que al parecer eran propiedad de Guerreros Unidos, la organización responsable de asesinar a los estudiantes normalistas.
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