El consorcio Rivada calificó como un acto de censura la demanda por daño moral que este domingo inició en su contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por sus declaraciones contra la licitación de la Red Compartida.
La empresa de Declan Ganley dijo que este tipo de acciones por parte de un gobierno son actos de censura que inhiben la inversión extranjera, principalmente cuando se trata de asociaciones público-privadas.
“El que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación, constituye un acto de censura en sí mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato asociación público-privada por los riesgos que ello implica”, se lee en el comunicado de la empresa difundido por Reforma.
Ganley, por otra parte, también comentó que enfrentarán este proceso (del cual no han sido notificados legalmente) con el fin de demostrar que sus alegatos son ciertos y que el concurso de licitación estaba arreglado para que ganara Altán.
Desde el pasado 4 de noviembre cuando la SCT anunció que sólo el consorcio Altán estaba calificada para competir por la Red Compartida, Rivada insiste en que el proceso se trata de una “adjudicación directa” ya que su oferta era mejor que la de su competidor.
Al respecto, el gobierno federal recordó que cada una de las etapas del concurso fue realizada con el aval de los interesados y que Rivada fue descalificada porque no pudo presentar la garantía de mil millones de pesos.
Por esto, Rivada inició dos procesos penales contra la Secretaría, uno en EU con el cual pretende demostrar que Altán tuvo acceso a información confidencial para presentar una oferta ad hoc, y otro en México por presuntas irregularidades en la licitación, el cual prácticamente ya fue desechado por el Poder Judicial mexicano.
mahy
