Otra vez la violencia criminal nubla el horizonte y coloca contra la pared al Estado, al tiempo de poner en duda la pertinencia y la eficacia con que la administración encara el problema. Resurgen el dolor y la rabia, el coraje y el miedo, pero sobre todo el insoportable presentimiento de estar, de nuevo, a la deriva.
Desde finales del siglo pasado -en enero de 1999 se creó la Policía Federal Preventiva-, la crisis de inseguridad ha arrastrado y desgarrado al país, dejando un trazo indeleble de sangre en el suelo, hasta convertir el territorio en una fosa de una profundidad insondable.
En la obligación fundamental de garantizar las libertades -en primerísimo lugar, la vida-, el Estado ha fallado y la alternancia política no ha significado una alternativa, sino la certeza de un fracaso o la oportunidad para expandir el imperio criminal.
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Cinco administraciones -dos del PRI, dos del PAN y, ahora, la de Morena- han ensayado y ensayado el ejercicio del no poder con el crimen. Peor aún, en más de una ocasión, han dormido con el enemigo, el traidor con o sin uniforme, formado, pagado y acreditado por el Estado que termina por servir y proteger al crimen, no a la ciudadanía. Cosa de preguntar a Vicente Fox y Felipe Calderón por Genaro García Luna o a Enrique Peña Nieto por los criminales ungidos como gobernadores.
Cada administración ha inventado algún nuevo cuerpo policial, creado o borrado alguna dependencia relacionada con la seguridad y modificado la legislación, echando al cesto de la basura lo ensayado antes y asegurando que, ahora sí, se hará lo indicado.
Así, de la Policía Federal Preventiva se pasó a la Policía Federal, para luego crear la Gendarmería Nacional y, ahora, la Guardia Nacional, siempre dejando el peso real de la acción a las Fuerzas Armadas. Así, apareció, desapareció y reapareció la Secretaría de Seguridad. Así, se han reformado, deformado y contrarreformado las leyes, el catálogo de delitos y las sanciones. Intocada, sólo la impunidad.
Lo más siniestro de esa pesadilla es la evidente incapacidad del conjunto de los partidos políticos para acordar, elaborar y desarrollar una política de Estado transexenal que deje dormir, serena, a la nación. Sin importar su bandería política, los partidos han optado por venerar el futuro, ignorar el pasado e instar a soportar el presente. Desean sin decirlo que a la administración en turno -cualquiera que ésta sea- le vaya mal para fincar sobre los muertos y las tumbas la posibilidad de reemplazarla.
Hoy, de nuevo, la violencia criminal juega a la ruleta rusa con la ciudadanía.
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El saldo de la embestida criminal se ha vuelto una estadística, cuyos decimales o porcentajes increíblemente se litigan como si la política de seguridad fuera un juego de azar y como si detrás de los números no hubiera una persona muerta, desaparecida, herida, desplazada o ultrajada.
La violencia hecha costumbre ha provocado la pérdida de la capacidad de asombro, pero aun así el saldo es escalofriante: 275 mil asesinados; 61 mil desaparecidos; 378 mil desplazados; 3 mil fosas clandestinas… E increíblemente se desconoce el número de heridos o de quienes, sin haber sido lastimados en su integridad física, vieron menoscabado o perdido su patrimonio. Del costo económico de la inseguridad, mejor ni hablar.
La historia de la inseguridad a lo largo del siglo corresponde a la de una catástrofe y, obviamente, el calendario se ha plagado de efemérides negras, una colección macabra de bárbaros sucesos.
No en vano, cada vez son más los anti-monumentos o los memoriales. La negligencia honrada.
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A lo largo de las tres últimas décadas, en seis ocasiones la gente ha salido a marchar en reclamo de paz y justicia sin encontrar cabal respuesta.
En noviembre de 1997, junio de 2004, agosto de 2008, mayo de 2011, noviembre de 2014 y, ahora, este enero de 2020, en caminos, calles y plazas la gente ha reclamado a Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador garantizar derechos y libertades en relación con la seguridad y el eco de ayer y los coros de hoy resuenan sin surtir efecto.
El reclamo de seguridad ha sido oído, pero no escuchado ni atendido en serio. Incluso, más de un mandatario ha entendido el reproche ciudadano como un insulto u ofensa a su investidura y ha respondido con un agravio. “Si los mataron es porque en algo andaban”. “Hagamos un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor”. “Qué flojera”. “No los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo”.
Espeluznante.
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El crimen, de seguro, está de plácemes.
Lejos de doblegar a la delincuencia organizada o desorganizada, el Estado ha sido doblegado por aquella e, incluso, ésta ha conseguido confrontarlo con la ciudadanía. De plácemes porque, después de años de actividad febril, ha restringido libertades y ha hecho caer al Estado en la misma tentación, llevándolo a jugar a su terreno. De plácemes porque ha conseguido rebajar al Estado a un simple competidor en el campo donde uno y otro se disputan el monopolio de la fuerza y el tributo, a partir del deterioro de los derechos y la reducción del ciudadano a la condición de posible víctima o presunto sospechoso.
De plácemes, los criminales. En más de una región, han impuesto un Estado de excepción ante la ausencia del Estado de derecho.
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Mañana, por sexta vez, la gente llegará a la Plaza de la Constitución que, hoy, es mejor reconocerla como simple zócalo de la rabia y el dolor. Ahí los recibirá el gabinete de seguridad.
¿Qué le dirá la autoridad a la gente, después de casi un cuarto de siglo sin seguridad? ¿Le dará un abrazo de salva?
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