La idea de la consulta sobre si se debe llevar a juicio a los expresidentes es criminalizar el pasado. Es decir, como sus promotores saben, llevarla a cabo sería ilegal y que por ello no lo aprobará la Suprema Corte, pero intentarán sacar dividendos mientras hacen como que la organizan.
En el fondo lo que le molesta al presidente Andrés Manuel López Obrador es el periodo histórico que comprende la transición a la democracia y su consolidación.
Para el titular del Poder Ejecutivo, hay un periodo defendible de la historia del país y es el de los presidentes del nacionalismo revolucionario hasta López Portillo.
Después de ello ve una traición, la que curiosamente no le impidió militar en el PRI hasta 1988.
El conjunto de la consulta es amplio: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Qué ocurrió en ese lapso? Me concentro en la parte luminosa, advirtiendo que, por supuesto, hay cuestiones oscuras y hasta bochornosas en cada uno de esos mandatos, pero estoy convencido, que lo que se juzga es precisamente lo que sí estuvo bien.
Se enfrentaron crisis, es verdad, pero se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio y se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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Los dos pilares de la autoridad electoral adquirieron independencia y profesionalización: el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El Poder Judicial se reformó y se consolidaron las bases para su funcionamiento en independencia y con eficacia.
La economía y su manejo, dejó de ser un rosario de espantos, para convertirse en una zona de certidumbre.
Los fraudes electorales dejaron de ser la norma y se dio paso a un periodo de contiendas competidas, con resultados plurales, y que tan solo en el ámbito de la presidencia ya significaron tres alternancias, todas pacíficas.
Se dio paso a la transparencia, haciendo del derecho a la información un bien tangible, por medio del INAI.
El combate a la delincuencia se tornó en un tema central y poderosos grupos delincuenciales fueron desbaratados.
Se establecieron instituciones de control del poder presidencial y de grupos de interés.
Se aprobó el paquete de reformas más grande del periodo democrático, lo que significó avances notables en áreas que eran tabú, como la energética y la de telecomunicaciones. Se intentó la educativa, pero esta ya fue destruida por la actual administración.
Eso es lo que irá a juicio, y más vale que lo tengamos claro. La condena no es a fechorías y malas prácticas, sino a una forma liberal, en su más amplio espectro, de ver y entender el mundo.
