Más allá de lo que significa para los historiadores el pasado, el México de los últimos años merece un escrutinio económico, político y social a través de los aparatos de justicia.
Como candidato a la Presidencia, López Obrador aseguró que no iba a revisar el pasado, su afirmación vista a la distancia tenía más tintes de propaganda que lo que realmente pensaba en ese momento y ahora pasa por su cabeza.
El problema ante el que estamos es que el Presidente ha colocado al pasado como forma de gobernar. Lo que ha hecho es fijar en la agenda de los años al pasado como responsable de todas las limitaciones y problemas que tiene su gobierno.
Ronda en la estrategia una percepción de que en las interminables referencias del pasado existe una suerte de revancha y venganza contra quienes lo atacaron y fustigaron y también quienes fueron factor para que perdiera elecciones, particularmente la del 2006.
Lo que el mandatario ha venido enfrentando en meses recientes es que ese pasado empieza a entrelazarse con el presente de su administración, lo que lleva a que las responsabilidades vayan adquiriendo una nueva dimensión. López Obrador ya se mueve en los terrenos en los que muchos de los problemas del país tienen que ver en su gestión y su responsabilidad.
Enjuiciar a los expresidentes es probable que acabe por evidenciar aún más mucho de lo que ya se conoce, pero debe contemplarse que no necesariamente nos va a ayudar en la construcción y futuro.
Todo indica que la consulta propuesta por el Presidente tendrá una respuesta previsible, no vemos que buena parte de la población esté en contra de pasar a cuentas a los expresidentes.
La cuestión está en qué tanto nos va a ayudar como sociedad y más en un momento como el que estamos viviendo. Como están las cosas se ha ido perdiendo el sentido real de lo que fue el pasado, como a menudo quiere hacernos ver el Presidente. Tenemos un pasado también de luces que quizá no pase por los gobernantes, pero sí pasa por mujeres y hombres que al interior de la burocracia han desarrollado un gran trabajo en la creación, desarrollo y fortaleza de nuestras instituciones.
Cuando el Presidente insiste en el pasado olvida el esfuerzo, trabajo, capacidad, convicción e inteligencia de millones de trabajadores que han sido fundamentales dentro y fuera del gobierno.
Hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes puede llevar a un momento anticlimático. En la mayoría de los casos queda claro que los expresidentes son impresentables, pero bajo la actual coyuntura podemos llegar a escenarios que nos confronten aún más, a lo que se puede sumar un desinterés ciudadano por la consulta.
De alguna forma el Presidente ha estado en los terrenos de llevar a cabo algo como un juicio a los expresidentes. Regularmente lanza críticas al pasado colocando a los expresidentes como los responsables de “todo lo malo”.
Tan los tiene en la mira que les han abierto de manera indirecta expedientes, el más sonado es del frustrado caso Emilio Lozoya, el cual en el camino le pega a Peña Nieto, a priistas, panistas y en una de ésas a los de su propio partido.
¿Vale la pena llevar a cabo una consulta con respuesta previsible que nos puede meter en un lío por la complejidad de llevar en la práctica un enjuiciamiento a los expresidentes?
Habrá que considerar sensatamente si vale la pena una consulta que distraiga recursos, que puede pasar por la línea de la venganza y los enconos, por grillas interminables siendo que el país está de por sí crispado en medio de una buena cantidad de problemas, algunos de ellos en verdad graves y delicados.
RESQUICIOS
“Las constructoras no actúan solas van de la mano de quien las contrata, en este caso del gobierno. Parece que quieren señalarlas, debe quedar claro que no son las únicas responsables del colapso”: maestra Ángeles Estrada, directora de Transparencia y Anticorrupción, Tec de Monterrey.
Este artículo fue publicado en La Razón el 17 de junio de 2021. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
