Un juez federal de Control con sede en el penal del Altiplano negó a la Fiscalía General de la República (FGR) las órdenes de aprehensión que solicitó contra 31 exfuncionarios, académicos y científicos por presuntos delitos relacionados con una la entrega de más de 200 millones de pesos. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la acusación es “inconcebible”.
Este miércoles, el juez de Control Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, resolvió que no ocurrieron los diversos delitos que el organismo encabezado por Alejandro Gertz Manero (quien también forma parte del Sistema Nacional de Investigadores después de haber sido rechazado varias veces) atribuyó a exfuncionarios y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), entre los que se encontraban operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y delincuencia organizada.
Entre las razones que esgrimió el juez para negar las órdenes de aprehensión a la Fiscalía (lo que ocurre por segunda ocasión) está que las acusaciones no se corresponden con los delitos que se atribuyen a los indiciados.
Como se debe recordar, la denuncia original fue presentada por la directora actual del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por 244 millones de pesos que fueron entregados por el Consejo durante la anterior administración al FCCT. Después la FGR ha solicitado dos veces órdenes de aprehensión contra los académicos, y en ambas ha obtenido sendas negativas de los jueces.
El juez, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido que la entrega de recursos que el Conacyt hizo al FCCT durante el gobierno anterior fue lícita. Sin embargo, la FGR ha insistido en lo contrario.
El juez Salazar Hernández resolvió notificar su sentencia a los imputados y además indicó que la FGR puede impugnar su resolución ante un tribunal colegiado.
La primera ocasión en que la FGR pidió las órdenes de aprehensión fue el 24 de agosto, pero un día después el juez le devolvió el expediente porque los hechos habrían ocurrido en la Ciudad de México, no se especificó la participación de los imputados en los delitos y no se acreditó su peligrosidad. Así, las órdenes le fueron negadas a la Fiscalía, pero se le dio un plazo para mejorar su caso. Sin embargo, este día ha vuelto a fracasar.
Por otra parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, en un acto universitario expresó su desacuerdo con lo que calificó como “acusación inconcebible de asociación delictuosa” y pidió respeto a la defensa de los inculpados, a lo que se mantendrá atento y comprometido.
“Ante la creciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, que debemos manifestarnos. Yo me permito afirmar que la UNAM reitera su confianza en la correcta y proporcional aplicación de la justicia, y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados. Decirles que estaremos atentos y comprometidos en ello”, expresó el rector de la UNAM.
Además, continúan expresiones de rechazo contra la FGR: la organización CIDE Alumni, que agrupa a egresados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, expresó su consternación por las acciones judiciales de la Fiscalía.
Tras la segunda resolución del juez Salazar, ese grupo hizo un llamado a “quienes integran el Poder Judicial para que continúen actuando con estricto apego a la ley, y exhortamos a la Fiscalía para que se enfoque en sus tareas para investigar delitos en todo el país y combata toda expresión de impunidad que daña a la sociedad mexicana”.
