Dos fracasos y el mayor tropiezo público en lo que va de su gobierno: ese es el saldo, hasta ahora, que tiene para el presidente López Obrador su infructuoso intento para desacreditar al periodista Carlos Loret de Mola.
El presidente fracasó cuando quiso desviar la atención pública respecto de las residencias en Houston en donde ha vivido su hijo. No ha impedido que se sigan conociendo los negocios con Pemex de Baker Hughes, la empresa en donde uno de los directivos era propietario de la casa habitada por José Ramón López Beltrán.
López Obrador también falló en su intento para descalificar al mensajero a fin de que el mensaje fuera olvidado. No ha podido desmentir los reportajes de Loret sobre negocios y tráficos de influencias de algunos de sus familiares. Pretendió estigmatizar a ese periodista mostrando las remuneraciones que supuestamente recibe, pero ese abuso de poder fue tan desmesurado que concitó una amplia reacción en contra del presidente.
Si los datos que AMLO presentó sobre las remuneraciones de Loret las obtuvo de las autoridades hacendarias, cometió un delito al mostrar información protegida por el secreto fiscal. Si son falsos, también incurrió en una ilegalidad. En vez de exhibir al periodista, fue López Obrador quien se exhibió al emplear el poder del gobierno para perpetrar una venganza personal. Nunca antes un presidente mexicano había demostrado una malquerencia tan sostenida y abierta en contra de un periodista. Al tratar de intimidar a Loret, López Obrador agravia la libertad de expresión de todos los comunicadores y vulnera el derecho de la sociedad a una información plural y libre.
El presidente quebrantó varias disposiciones constitucionales, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley General de Protección de Datos Personales y posiblemente el Código Fiscal de la Federación. La Barra Mexicana Colegio de Abogados manifestó: “La información sensible, independientemente de su fuente, respecto de cualquier ciudadano no debe ser revelada y menos aún difundida por el Titular del Ejecutivo Federal, ya que se pone en peligro la integridad, la seguridad y privacidad de la persona y vulnera el Estado de Derecho”.
La lámina que presentó con datos de supuestos ingresos de Loret es emblemática del estilo de gobierno de López Obrador: mal escrita, con faltas ortográficas, sin señalar fuentes de esa información. Con esa improvisación, el presidente toma a diario decisiones que afectan al país.
Cuando el presidente compara los supuestos ingresos de un periodista con los suyos, se coloca a sí mismo como referencia universal. AMLO considera que él es la medida de todas las cosas; que alguien supere el salario que él mismo se asignó le parece inadmisible, aunque se trate de gastos que pagan empresas privadas.
No sería mala idea que las remuneraciones de los comunicadores más importantes fueran conocidas, como ocurre en otros países. Pero esa debe ser decisión de las empresas que los contratan y de los propios informadores y de ninguna manera exigencia del gobierno.
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