La ausencia de un proyecto reformador de la educación es una de los más grandes vacíos de la joven democracia mexicana, entre otras causas porque los gobiernos federales encontraron en los agentes académicos la posibilidad de mantener mecanismos de control corporativo, lo que significó mantener privilegios para líderes y trabajadores del SNTE y desde luego también la CNTE (en una alianza que inauguró Carlos Salinas de Gortari con Elba Esther Gordillo); esa estructura sindicalista la usó el PRI durante muchos años e incluso hicieron lo mismo los gobiernos del PAN. Hace cuatro años el gobierno decidió trastocar esos privilegios, entre otras razones, porque ya no le dieron los dividendos de antañó –dejaron de ser funcionales– pero ni esta administración ni las anteriores, atendieron lo central que es la reforma de la educación, en particular, de los niveles primaria y secundaria. Por eso el encontronazo al que asistimos en los últimos meses tiene variables políticas y no educativas, por eso enardece a los fanáticos de ambos lados que omiten hablar de lo central: la falta de un proyecto educativo en el país.
El gobierno no se planteó una reforma educativa sino administrativa con algunas variables de corte laboral. Nada más. Definió que el punto central era controlar a los maestros por medio de la evaluación y desestimó los demás eslabones del proceso de enseñanza aprendizaje (esto, aparte de la rigidez de los formatos de los exámenes de evaluación). Desde luego que con la aquiescencia de los partidos políticos, la intención reformadora del gobierno federal en realidad sólo privilegió (y mal) la formación de los profesores, y puso atención en diversas anomalías magisteriales que nadie en su sano juicio acepta, además de que exhibió la gran riqueza de Elba Esther Gordillo erigida al amparo de los gobiernos anteriores ¿Cuántas escuelas podrían construirse con esa fortuna? El gobierno omitió reconocer y comprometerse con el enorme deterioro de las instalaciones educativas en todo el país, incluso con el drama de que hay zonas rurales donde esas escuelas no son más que dos o tres sillas donde los niños asisten a tomar clases a la intemperie y donde el maestro no sólo imparte clases sino que deviene en un agente social que colabora con familias de muy pocos recursos (por cierto, esos contextos no suscitan en los medios ni en los usuarios de las redes sociales la misma indignación). No confundamos, eso no es parte de los discursos llamados "chairos", eso es una realidad lacerante en el país.
Una auténtica reforma educativa debiera atender buena parte de las instalaciones dañadas y crear donde incluso éstas ni siquiera existen; necesita plantearse los insumos requeridos para el proceso de enseñanza aprendizaje. También debiera plantearse pero en serio los cambios curriculares así como la definición de nuevas prácticas pedagógicas y de relaciones académicas. El gobierno debiera comprometerse con traducir la masificación educativa en altos niveles de calidad (ahora mismo no le paga ni a quienes participaron en la elaboración de los libros de texto) y para ello, sin duda, debiera comprometerse con nuestros maestros. Pero no, ahora mismo está preocupado, muy preocupado, con el abastecimiento de víveres para uno de los estados más pobres del país, abandonado a su suerte desde hace muchos años. Claro, es que esa preocupación que los medios oficialistas magnifican es un discurso de propaganda política, que tiene la intención de generar contextos favorables al uso de la fuerza. Ese no es el camino. El gobierno federal debe aceptar las deficiencias de la mal llamada reforma educativa y agotar todas las instancias del diálogo. Todas.
