Para Gabriel Contreras, solidariamente. Sólo aquel que nunca ha trabajado cree que el trabajo es sospechoso.
El proyecto de la red compartida mayorista otorgado a Altán a través de una asociación público privada ha dado mucho de qué hablar. Si bien a bote pronto parece una buena idea, en la medida en que uno profundiza en sus detalles las cosas se ponen muy confusas. La idea era otorgar la totalidad de la banda de 700 MHz a la red compartida para que inversionistas privados construyeran la infraestructura que permitiera llevar servicios de telecomunicaciones a poblaciones marginadas y, al mismo tiempo, servir de apoyo para que los competidores de Telcel pudieran ampliar su cobertura y competir en mejores condiciones. Muy bonito, sin duda, pero el diablo está en los detalles.
Primero: la experiencia internacional. En ningún lugar del mundo, salvo Ruanda y Australia, se había intentado un experimento de esta naturaleza. Para la fecha en que se licitó la red compartida, Australia ya había abandonado el proyecto. El día de hoy, no existe un solo proyecto exitoso de estas características.
Segundo: la tecnología. Por algún motivo, las autoridades mexicanas decidieron adoptar el estándar asiático en lugar del que utilizan nuestros socios de Estados Unidos y Canadá. En aquella época (2013) no había teléfonos que pudieran usar la banda de 700 MHz con estándar asiático y al mismo tiempo las otras bandas con la tecnología instalada por los operadores mexicanos. Es cierto que se sabía que este tipo de dispositivos móviles estaban en desarrollo y no tardarían en llegar, pero los que lo hicieron fueron teléfonos inteligentes de alta gama. Aquí surgió la primera pregunta: si la red compartida pretendía llevar servicios a zonas marginadas ¿cómo iban a adquirir su iPhone los habitantes de las zonas más pobres del país? Desde entonces, nadie ha sabido contestar una sencilla pregunta: ¿quién va a pagar los equipos terminales?
Tercero: los clientes. A raíz de la reforma en telecomunicaciones el mercado móvil se consolidó, de tal manera que Telcel, AT&T y Telefónica tenían ya, por sí mismas, una cobertura similar a la proyectada para la red compartida, por lo que no la necesitarían en lo absoluto. Así, sólo quedaban los operadores móviles virtuales como clientes potenciales. Al día de hoy, su participación de mercado sigue siendo marginal.
Cuarto: el engaño. La red compartida se vendió como la solución para cerrar la brecha digital y llevar Internet a poblaciones alejadas; no obstante, lo que se licitó fue una cobertura del 92% de la población, no del territorio, lo que implica dejar al 8% de los mexicanos sin servicio: precisamente aquellos que viven en las zonas más alejadas. Cabe mencionar que los operadores comerciales tienen ya esa cobertura poblacional o, en algunos casos, superior. Así es que la red compartida sólo prestará servicios donde otros ya los prestan.
Quinto: el subsidio. La red compartida paga por usar el espectro el 10% de lo que pagan los operadores comerciales y además fue apalancada por el gobierno, desde el principio, a través de la banca de desarrollo. Aun así, quebró, y quebró porque nunca tuvo el volumen de tráfico que sus promotores alegremente especularon.
Futuro: ahora, el presidente dice que rescató a Altán para llevar Internet gratuito a todo el país. Ni la red ni su modelo financiero fueron diseñados para eso. La única manera, quizá, de darle un poco de aire sería contratando con Altán todos los servicios de telecomunicaciones del gobierno, pero eso, una vez más, violaría la Constitución y la ley, que obligan a que Altán venda sólo a concesionarios y operadores móviles virtuales, no al usuario final. Además, otorgar beneficios a una empresa paraestatal en perjuicio de los competidores extranjeros violaría flagrantemente el T-MEC y todos nuestros tratados de libre comercio y protección a las inversiones, abriendo un nuevo problema donde no lo había. Sabemos que al presidente le gustan los ineficientes monopolios estatales, pero su gustito viola la neutralidad competitiva a la que de conformidad con nuestra Constitución está obligado el gobierno.
