El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó recientemente que su política social es una estrategia política, lo que quiere decir que no tiene por objeto la erradicación de la pobreza, sino el obtener el apoyo de los beneficiarios. Denuncié esa reprochable conducta desde 2019, mediante la elaboración de la queja presentada por el PRD, con artículos publicados y un libro en el que revelé la operación de la estructura burocrática mal llamada “servidores de la nación”. Nuestra denuncia coincide en el fondo con las presentadas por otros dirigentes opositores, analistas independientes, organizaciones no gubernamentales y hasta con las de militantes inconformes de Morena, que se quejan de prácticas fraudulentas de su dirigencia. Luego de más de tres años, fue el propio presidente quien confirmó que dicha denuncia tiene fundamento.
En su show matutino del 4 de enero, López Obrador dijo textualmente: “Ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Con este fraseo, el presidente confirmó el clientelismo electoral que ha convertido en razón de Estado durante su sexenio.
Este tipo de uso patrimonialista del erario es una copia del que empleó el PRI durante décadas, como una base del monopolio político que el tricolor mantuvo hasta antes de la década de los noventa. En aquella época tal práctica se encomendaba a los gobiernos estatales y municipales, a los sectores del PRI (sindicatos, organizaciones campesinas y populares), pero la versión de AMLO concentró la operación y el presupuesto de los programas sociales en una burocracia dorada, que también recibe motes como “vividores” o “cuervos” de la nación”.
El clientelismo electoral del gobierno de AMLO utiliza los programas sociales para hacer promoción personalizada en su favor y para promover el voto para Morena y sus candidatos. El gobierno federal destina casi 500 mil millones de pesos al año en los programas que maneja a través de un grupo de 20 mil burócratas, cuya nómina se paga con dinero público. Todos los días, este ejército proselitista recorre las casas en cada sección, colonia, municipio y estado, en cada distrito electoral. Son ellos quienes deciden qué beneficiarios se incorporan en el padrón de los programas sociales y quienes tienen derecho a las pensiones para adultos mayores, personas en condición de discapacidad, becas escolares y para los ninis, tandas para el bienestar, fertilizantes, sembrando vida y otros, lo que hacen enalteciendo la figura presidencial.
Bajo la consigna de “amor con amor se paga”, previo a las elecciones y consultas o cuando al inquilino de Palacio Nacional se le ocurre una movilización en su apoyo, los brigadistas del gobierno instruyen a los beneficiarios para que voten por los candidatos de Morena o acudan de acarreados. Cuando detectan resistencias, coaccionan a los beneficiarios con amenazas de que perderán sus apoyos si no siguen sus indicaciones o si llegara a triunfar la oposición.
La Constitución, las leyes electorales y las que regulan a la administración pública prohíben expresamente este tipo de conductas, por lo que los servidores públicos que las llevan a cabo incurren en delito electoral. En diversas resoluciones del INE, los OPLES y sentencias del Tribunal electoral federal han quedado comprobadas estas acciones y señalados como infractores varios integrantes del gobierno federal, incluidos miembros del gabinete presidencial y gobernadores. López Obrador promovió que este delito fuera considerado grave y que se aplicara prisión preventiva oficiosa a los infractores, pero solo fue una treta demagógica, ya que ha encubierto su propia responsabilidad garantizando impunidad a sus operadores.
Cincelada: Con la denuncia de plagio naufragó la captura de la SCJN. La UNAM debe sancionar a la ministra plagiaria y a sus cómplices. El retiro del grado debe ocasionar su salida de la SCJN.
