Es un error estratégico el que las oposiciones eludan la apertura y el método democrático en la selección de una candidatura común a la Presidencia de la República. En la misma equivocación incurren quienes pactan acuerdos cupulares para repartirse las nominaciones y los que pretenden alcanzar a las “corcholatas” de Andrés Manuel López Obrador a fuerza de pasarelas deslucidas e ilegales actos anticipados de campaña.
Es urgente que los partidos de oposición adopten acuerdos para la selección de la candidatura presidencial opositora, los que en su momento deben hacerse constar en el convenio de coalición que suscriban. Estos acuerdos debieran basarse en tres principios: 1) convocatoria abierta para la inscripción de aspirantes; 2) delegar la organización de la selección y su resultado a un comité ciudadano autónomo de los partidos políticos, y 3) ajustar el procedimiento a los tiempos previstos en la ley electoral. Un procedimiento basado en estos principios, cualquiera que sea la forma en que se concreten, ocupará la agenda pública y derrotará al teatro montado desde el Palacio Nacional para disimular el dedazo de López Obrador, además de que dotará de legitimidad democrática a la candidatura de oposición.
Nada más equivocada es la pretensión de que pueda ser exitosa una repartición de las candidaturas (como lo anunciaron las dirigencias nacionales del PRI y del PAN el 12 de enero anterior) o que, en una variante de esta anticlimática postura, las cúpulas partidistas puedan nominar una lista cerrada de aspirantes para que participen en el proceso. Esta variante, a lo más, consistiría en una democracia recortada. Contra esas ideas, la convocatoria opositora debe ser abierta a la ciudadanía, de modo que puedan participar en el proceso todas y todos los mexicanos que se sientan con la capacidad para ejercer el cargo. Que se anoten sin límites mujeres y hombres, jóvenes y veteranos, militantes y personas sin experiencia política, intelectuales y trabajadores manuales, asalariados y empresarios, etc.
El segundo principio consiste en que los partidos, mediante sus mecanismos estatutarios, deleguen la organización del proceso de selección en un comité ciudadano autónomo. Éste garantizará que los aspirantes tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones. Para depurar la lista, que puede ser de cientos o de miles de personas, el comité ciudadano deberá: a) cerciorarse de que los aspirantes cumplan los requisitos constitucionales; b) aplicar un examen de conocimientos; c) evaluar la idoneidad para el cargo, y d) evaluar la honestidad de los aspirantes durante su trayectoria. Al final de este proceso de evaluación y depuración gradual, el comité ciudadano deberá arrojar una lista que pudiera constar de seis finalistas, tres mujeres y tres hombres, que serán los precandidatos de la coalición opositora.
El tercer principio se refiere a que la coalición opositora y sus aspirantes deben ajustar su actuación al marco jurídico. En términos de la ley electoral vigente, las precampañas electorales deben realizarse en un plazo que arranca el 19 de noviembre y termina en enero, disposición legal que está siendo violada por López Obrador y los suyos desde hace año y medio. En contraste con esa actitud infractora, la coalición opositora deberá realizar las precampañas de sus aspirantes durante el plazo indicado por la ley, al término de las cuales se elegirá a la o al abanderado mediante una elección primaria o una batería de encuestas, organizada y calificada por el comité ciudadano autónomo ya referido.
Por desesperación o por falta de pensamiento estratégico, quienes pretenden “alcanzar” a los adelantados de Morena con pasarelas o giras deslucidas, no hacen más que el juego al tapadismo del grupo en el poder. Al incurrir en actos anticipados de campaña, algunos opositores no solo justifican la ilegalidad en que incurren desde hace año y medio las llamadas corcholatas, sino que también se suman a esa carrera en condiciones de total desventaja, pues por esa vía convalidan el desvío ilegal de cuantiosos recursos públicos para proyectar a los nominados por López Obrador.
Un procedimiento basado en los tres principios mencionados entraña un alto contraste con la estrategia obradorista: convocatoria abierta vs. El Tapado; evaluación transparente de los aspirantes vs. incondicionalidad a El Líder; decisión democrática vs. El Dedazo; Estado de derecho vs. contumacia obradorista. Sin ninguna duda, una candidatura opositora surgida así, si va junto con un Programa de Reconstrucción Nacional, estaría en las mejores posibilidades de derrotar al designio oficialista en 2024.
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