A siete meses de que termine el peor sexenio de la historia en muchos sentidos y el mejor en nada, ya no hay espacio a la especulación, la ponderación o la mínima esperanza: la herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental será un gravísimo retroceso y un terrible desastre.
Su gobierno será recordado como el que ejecutó la deforestación activa, intencionada y masiva más extensa de que se tenga memoria, así como el daño irrecuperable al sistema de ríos subterráneos y cenotes de la península de Yucatán, patrimonio natural único. El que, al pretender (sin lograrlo) impulsar la producción de gasolinas frenó el avance de las energías limpias. Con el que tres cuartos del país se sumieron en la sequía y creció el desabasto de agua.
En este gobierno el cuidado al medio ambiente sólo fue simulación. Sobra decir que también fue simulación todo lo demás. Este gobierno ha presumido de ser el que más Áreas Naturales Protegidas ha decretado, pero ahí se queda, en el decreto, puesto que el cuidado de estas áreas requiere recursos y áreas clave mueren de inanición presupuestal. Donde sí sobra el dinero es en el otorgamiento de contratos y concesiones turísticas a amigos del régimen, el Ejército el primero de ellos.
Todas las alertas que se lanzaron durante el sexenio fueron certeras: AMLO quitó presupuesto a la conservación ambiental, tomó medidas puramente cosméticas y/o insuficientes; derrochó miles de millones de dólares en el sueño estéril de las refinerías y en plantas eléctricas obsoletas; por avaricia, regresó a la práctica de quemar combustóleo y carbón; inició obras hidroeléctricas que no funcionan. Tiró el dinero en un programa de “reforestación” que tuvo el efecto opuesto.
A diferencia de gobiernos anteriores, el Ejército no implementó jornadas masivas de reforestación, sino que se puso a construir trenes y aeropuertos y operar aerolíneas. El dinero perdido en estos delirios pudo haber hecho una gran diferencia en el rescate de selvas y bosques. Entre la población, las enfermedades por causa de la contaminación se multiplicaron al tiempo del colapso del sistema de salud.
Las obsesiones anacrónicas de AMLO –petróleo, plantas eléctricas a base de carbón, trenes, aeropuertos— succionaron recursos que pudieron haber sentado bases firmes para un futuro que ya está aquí: el del cambio climático que nos urge a todos a vivir diferente. Puesto que AMLO sumó a sus obsesiones la corrupción y la ineptitud, además de que sus obras son hoyos financieros, vivimos graves tragedias humanas y ambientales.
En esta situación mucho influyó su permisividad hacia el crimen organizado, ya que es bien sabido que una de las ramas más lucrativas es la tala ilegal. Las selvas y montes mexicanos pierden árboles todos los días, sin que el Ejército combata a los talamontes y tampoco reforeste lo perdido.
Si bien revertir el cambio climático es algo ya imposible, puesto que el planeta entero debió haber cambiado de modelo de vida y producción desde, al menos 1970, el gobierno de AMLO pudo haber tomado medidas útiles para no empeorarlo. Como gobernante de uno de los países megadiversos del globo, la responsabilidad del presidente era inmensa y la incumplió.
El medio ambiente nunca fue prioridad
Hace cinco años, en marzo de 2019, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ya advertía que el gobierno de AMLO estaba incumpliendo abiertamente los compromisos internacionales suscritos en materia ambiental.
El INECC realizó una evaluación a 100 días del entonces nuevo gobierno. Aseveró que las acciones que el gobierno anterior había tomado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero estaban siendo eliminadas. El organismo advirtió que el gobierno de López Obrador andaba la ruta de una política energética altamente contaminante.
Para entonces, AMLO ya había anunciado como una de las prioridades de su gobierno la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, para conseguir la autosuficiencia en materia de gasolinas. Si bien es cierto que el país requiere combustibles a buen precio y que una mayor disponibilidad de gasolinas producidas en México (idealmente) mejoraría la economía nacional, a pesar de su impacto ambiental, la tendencia mundial va hacia el abandono de los combustibles fósiles y la mayor producción de energías limpias.
El presidente fue inamovible y la refinería se construyó sin contar con los obligados estudios de impacto ambiental, causando devastación en manglares y humedales y, lo peor (desde el punto de vista del daño al erario) sin producir al momento una sola gota de gasolina.
El INECC criticó duramente otras posturas del gobierno de AMLO en materia ambiental: incrementar la extracción petrolera, el recorte de 36% en el presupuesto para acciones de mitigación del cambio climático con respecto al 2018; la reactivación de las plantas termoeléctricas y, por supuesto, la reforma eléctrica que atacaba directamente a los productores de electricidad solar y eólica.
Se recordará que desde su etapa como candidato, AMLO ya hablaba de la construcción del Tren Maya, lo que prendió las alarmas de los ambientalistas. En una famosa entrevista concedida a Carmen Aristegui en diciembre de 2018 aseguró que el tren se construiría sin talar “un sólo árbol”, algo totalmente absurdo y que por supuesto no se cumplió, pues los árboles sacrificados se contaron por millones.
AMLO: no se va a tirar ni un árbol durante la construcción del tren maya… No, ni uno… La devastación es de horror pic.twitter.com/o5d80iZegN
— Francisco Martin Moreno (@fmartinmoreno) February 9, 2023
La inclinación petrolera de AMLO siempre fue pública y notoria. En su campaña de 2012 prometió que de llegar al poder construiría nada menos que cinco refinerías, promesa que se redujo a una al tomar la presidencia en 2018, aunque luego adquirió la refinería Deer Park, en mayo de 2021, instalación con más de 100 años de antigüedad. A decir de algunos especialistas, no fue una decisión tan mala. De hecho, muchos opinaron que AMLO debió comprar más refinerías ya hechas en lugar de embarcarse en construir una.
A pesar de que en términos generales fue una buena compra, Deer Park ni le dio a México autosuficiencia en combustibles, ni tampoco salvó a Pemex de la quiebra.
El 20 de abril de 2020, un conjunto de exservidores públicos del área ambiental elevaron la voz para alertar sobre el desprecio de AMLO hacia un instrumento técnico tan relevante como la Manifestación de Impacto Ambiental.
Cabe señalar que en cada una de las obras estrella de este gobierno, sin excepción y de hecho, desde los famosos segundos pisos del Periférico en el año 2001, los trabajos se han iniciado sin contar con una MIA en regla. En ocasiones, cuando el estudio se concluye, con recomendaciones diversas, es demasiado tarde, pues el daño ya está hecho.
En una carta abierta, los exfuncionarios señalaron que la MIA “es, quizás, la más importante herramienta en nuestro marco jurídico para prevenir que los proyectos tengan efectos negativos en el medio ambiente (…) Nos preocupa en especial que los principales proyectos del actual periodo de gobierno hayan iniciado sin las debidas autorizaciones de impacto ambiental, o con estudios improvisados y sin aplicar correctamente las normas ambientales. Con esto se está enviando la lamentable señal al resto de la sociedad de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad. Además, las consultas a la población y, sobre todo, a los pueblos originarios se han distorsionado, violando derechos establecidos, como ocurre, entre otros, en el caso del proyecto “Tren Maya”.
En la carta también deploraron que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas haya ido perdiendo presupuesto al grado de que varios programas de gran relevancia estaban prácticamente paralizados.
Ello, mientras el presidente impulsaba la transformación de las Islas Marías en un centro turístico a cargo del Ejército y concesiones a empresarios multimillonarios amigos suyos.
En junio de 2023, el reportero Javier Martínez, de Mexicanos Contra la Corrupción, realizó un megareportaje titulado “El desmantelamiento de la política ambiental en México” en donde recuerda que Morena no incluyó el tema ambiental en su plataforma política en 2018.
Recoge la voz de la bióloga Julia Carabias, extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que cuestiona el enfoque adoptado por este gobierno, consistente en promover la ocupación humana de las Áreas Naturales Protegidas y sitios de conservación más allá de las comunidades indígenas que ya habitan ahí. “Se ven como sitios para su colonización”, declaró Carabias.
“Entonces, se relajan las leyes, se relajan las políticas, se promueven planes de desarrollo dentro de las reservas. Quienes hemos estado empujando las políticas históricamente, consideramos que el medio ambiente se tiene que manejar en un gradiente en donde hay áreas que han sido profundamente transformadas como las ciudades, áreas rurales que están en un proceso intermedio de transformación y áreas que no se deben tocar porque es allí donde continúa la vida y su evolución más allá de los seres humanos”.
Es decir, que las ANP están siendo utilizadas por Morena como botín para repartir terrenos a simpatizantes políticos. De ahí también que en este gobierno se hayan incrementado como nunca las declaratorias de este tipo, que convierten en zonas federales las áreas bajo decreto.
Carabias criticó que las instituciones ambientales no estén a cargo de especialistas, sino de “operadores políticos”. Además, con el pretexto de la defensa medioambiental se destinó presupuesto a programas con otros objetivos, como el Tren Maya, Sembrando Vida y hasta la Refinería Dos Bocas, dijo.
En el reportaje se apunta que el presupuesto de la Semarnat se redujo 18.5% en 2023 con respecto al 2013 y que un área presupuestalmente afectada fueron las políticas de transición energética. Según el reportaje, la Semarnat de AMLO ha sido la de menor presupuesto en la historia. En cambio, el presupuesto destinado a combustibles fósiles se incrementó sin restricciones.
Cita varios ejemplos: la Comisión Nacional Forestal, Conafor, ha operado todo el sexenio con un presupuesto promedio anual de 2 mil 537 millones, 60% menos que con Enrique Peña Nieto. Se recordará que este recorte fue la causa de que durante las temporadas de incendios forestales no hubiera personal suficiente para combatir los siniestros.
Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) perdió presupuesto también, puesto que de tener mil 132 millones en 2018, se le redujo a menos de 887 millones anuales en promedio en el sexenio, con la excepción de 2023, que subió ligeramente a 930 millones.
Que el medio ambiente nunca ha sido prioridad para la 4T se hizo obvio al ver los perfiles que el presidente nombró al frente de la Semarnat: primero a Josefa González Blanco (abogada), que duró solo seis meses y luego a María Luisa Albores, ingeniera agrónoma. Entre ambas ocupó el cargo el biólogo Víctor Manuel Toledo, que dejó el cargo por la postura del gobierno en contra de la transición energética.
No podemos olvidar la ocasión en que AMLO aseguró que el “ecologismo” era uno de los “nuevos derechos” inventados por los neoliberales para saquear a su gusto a los pueblos, junto con la defensa de los derechos humanos y el feminismo.
El 29 de octubre de 2021, en un contexto de severa oposición ambientalista en contra del Tren Maya, dijo quienes “diseñaron la política neoliberal”, alentaron el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales, muy nobles todas estas causas. Muy nobles pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no voltéaramos a ver de que estaban saqueando al mundo”.
Así, acusó a los ambientalistas que se oponían al ecocidio en la selva de querer apropiarse para su beneficio de los “bienes del pueblo”, cuando fue su gobierno el que ejecutó cientos de expropiaciones de terrenos de particulares para hacer pasar el Tren Maya.
Vale la pena recordar también cuando, en abril de 2023, una iniciativa presidencial propuso desaparecer al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para que sus funciones las absorbiera la Semarnat, a cargo de la muy obradorista María Luisa Albores, que dijo alguna vez que AMLO es el presidente con “mayor vocación ambiental” de la historia.
Y bueno, en este sentido, recordemos la vez en que AMLO dijo que no le gustaba la “palabra” medio ambiente. No me gusta, dijo el ignorante, porque no entiende “dónde está la otra mitad del medio”. Esa ocasión volvió a criticar a los críticos del Tren Maya, llamándolos “seudoambientalistas”.
Áreas Naturales Protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas son zonas de tierra o agua del territorio nacional en donde se pretende que el ecosistema no sea alterado y sea protegido del impacto humano. Un ANP se establece mediante decreto presidencial, que convierte la zona en federal y por ende, receptora de presupuesto para su manejo.
En este sexenio se han creado más ANP que nunca y de ello se ufanó el año pasado la titular de Semarnat, Luisa María Albores, quien hasta dijo que eso mostraba que AMLO era el presidente con más vocación ambiental de la historia. Sí, el que dijo que la defensa del medio ambiente era un invento neoliberal. El mismo que se hizo el tonto al señalar que no encontraba la otra mitad del “medio” ambiente.
Para fines de 2023, el gobierno de AMLO había establecido 43 nuevas ANP, pero no había asignado un peso de presupuesto a ninguna de ellas. ¿Cómo entonces pretende proteger el ambiente de las abundantes amenazas como los incendios forestales, los talamontes, las empresas vertedoras de desechos y la invasión de predios?
La respuesta es que no lo intenta. Son ANP de papel, desde el punto de vista ambiental. Pero muy útiles desde otro punto de vista: de la ocasión de otorgar concesiones para “gestionar” centros turísticos ecológicos, concesiones de playa o de construcción de obras diversas, como ocurrió con el proyecto de rescate del lago de Texcoco, que dio millonarios contratos al llamado “clan” de los amigos de sus hijos, mientras el tan cacareado “rescate” del lago no avanza.
Mientras aumenta el número de ANP, AMLO reduce el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Cada año de su sexenio el presupuesto a esta dependencia se ha encogido.
De acuerdo con información del propio gobierno, actualizada en febrero de 2024, “la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 226 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal de las cuales 187 cuentan con una superficie exclusivamente terrestre, 31 cuentan con una superficie terrestre-marina y 8 exclusivamente marina, representan 93,807,804 hectáreas”.
El 5 de octubre de 2023, el sitio web oficial de AMLO publicó la versión de la conferencia mañanera de esa fecha con el título “Gobierno de la 4T heredará al pueblo de México 43 Áreas Naturales Protegidas en 4.4 millones de hectáreas”.
Lo que no dijo en esa ocasión es que ese 2023 el presupuesto otorgado a la Conanp fue 7.3% menor en términos reales que el del año anterior y 17.8% menor al que recibió el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir que en 2023 AMLO le dedicó 10 pesos y diez centavos a cada hectárea protegida.
Al respecto, la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) publicó al mismo tiempo “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”.
Aquí señala que “las áreas naturales protegidas de México, claves para afrontar la emergencia climática, apenas tendrán (en 2024) 10.7 pesos por hectárea para su manejo y conservación en 2024, mientras que en 2016 (año con mayor presupuesto en la Conanp) se ejercieron 26.5 pesos por hectárea, lo que ya era insuficiente”.
Cabe señalar que este cálculo de 10 pesos con siete centavos por hectárea para 2024 se hizo antes de que AMLO creara de un plumazo más ANP, sin incrementar el presupuesto.
Dice el análisis también que “el presupuesto público para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha mantenido una trayectoria descendente desde la administración anterior y esta se ha agudizado en los últimos tres años (2022-2024)”.
Imagen: NOSSA
Así, “en términos reales, este sexenio ha destinado 40.8% menos recursos que la anterior administración para la conservación de las áreas naturales protegidas (ANP)”.
Agrega que “otro dato igualmente preocupante es el escaso aumento de apenas 8% (896 millones de pesos de 2024) al presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), insuficiente para cumplir con la procuración de justicia ambiental como lo establecen las leyes vigentes en el país y el Acuerdo de Escazú, pacto internacional ratificado por México en 2020”.
El propio AMLO, con sus palabras y acciones, ha dejado en claro que ahí donde está el dinero está la prioridad. ¿No es así con el Ejército, que goza de prebendas ilimitadas, literalmente hablando?
Tren Maya y ecocidio
Es multirecordada la entrevista de 2018 en donde AMLO, ante Carmen Aristegui, juró y perjuró que el Tren Maya se construiría sin tirar un sólo árbol.
“Ni un sólo árbol, ninguno, nada, al contrario, ni un sólo árbol. Al contario, vamos a sembrar 100,000 hectáreas en la zona del Tren Maya de árboles frutales y maderables. Yo soy de allá, conozco perfectamente todos esos pueblos, todas esas comunidades”, dijo molesto.
Pero la verdad salió a la luz de inmediato. En cuanto las obras del Tren Maya iniciaron, periodistas y ambientalistas documentaron situaciones atroces: grandes áreas de la selva totalmente “peladas”, sin un sólo árbol, para abrir paso al tren, para instalar las vías que, también según AMLO, ya existían desde hace muchas décadas.
¿Cuántos árboles fueron talados para construir el Tren Maya? Las cifras varían de acuerdo con la fuente. Si tomamos el cuenta los dichos de la secretaria Albores, la tala ni siquiera fue tanto de árboles, sino de “acahuales”, es decir de yerbas y arbustos surgidos en zonas donde hubo uso agrícola.
El 5 de mayo de 2022 dijo que “en el polémico tramo 5 Sur del Tren Maya se cortaron 300 mil árboles y plantas, en su mayoría acahuales, y para mitigar ello se han plantado más de 142 millones de árboles maderables y frutales… Sin exagerar, es la reforestación más grande del mundo la de este sexenio”, presumió.
Lo extraño es que mientras de la deforestación hay decenas de evidencias tomadas por ciudadanos, de la tan presumida reforestación de millones y millones –a veces dicen 142 millones, otras hasta 450— de árboles “frutales y maderables” sólo existen los dichos del gobierno. Extrañamente, en ningún lado, en ningún sitio oficial, en ninguna conferencia mañanera hemos visto videos o fotografías de esa histórica reforestación.
En un par de ocasiones funcionarios federales hablaron de la supuesta reubicación o transplante de los árboles y de algunas especies de fauna. Tampoco existe evidencia alguna.
El 22 de febrero de 2023, el portal Animal Político informó que el propio gobierno por medio de Fonatur había reconocido que se habían talado o removido 3 millones 400 mil árboles por las obras del Tren Maya. Ello, en respuesta a un recurso de revisión de una respuesta a una solicitud de información.
Dice la nota:
“Los datos muestran que el Tramo 5 del Tren Maya, Cancún-Tulum, es en el que tuvieron que removerse o talarse más árboles, 2 millones 239 mil, al menos hasta el 1 de febrero de 2023. En segundo lugar aparece el tramo IV, Izamal-Cancún, con 505 mil. Animal Político llamó a Fonatur, para saber si querían hacer una declaración sobre estas cifras, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido”.
Y, al contrario de dichos sueltos aparecidos en diversos momentos en los medios, en el sentido de que millones de árboles habían sido transplantados, Fonatur admitió que el destino que se les dio fue el de “trituración”. Dolorosísimo.
Esto fue lo que Fonatur dijo a Animal Político: “En cuanto al destino que se les dio a dichos árboles éstos fueron sometidos a un proceso de trituración para abono orgánico, y se encuentran en sitios temporales conforme a las necesidades del avance de la obra dentro del derecho de vía del proyecto”.
Un año antes, en la declaración de Albores mencionada líneas arriba, el gobierno admitía la tala de sólo 300 mil árboles en el tramo 5. Fonatur en cambio admitió dos millones 239 mil.
Luego, en diciembre de 2023, Albores compareció ante diputados y ahí no tuvo más que admitir que “sí hubo lo que estoy comentado, de la parte deforestación, pero estamos forestando más, mucho más de lo que se ha deforestado”. Ahí volvió a insistir que la mayor parte de lo talado fueron acahuales, un argumento calcado de AMLO, que con frecuencia ha quitado importancia a la tala.
“Cuando hablamos de selva, creemos que es esta y no lo es, estamos hablando de acahuales”, dijo cínicamente. Sobra decir que las fotos y videos tomados por ambientalistas muestran con claridad que se talaron árboles adultos, de muchos metros de alto, no meros arbustos.
Albores dijo, nuevamente sin evidencia alguna, que mediante brigadas forestales se reubicó “lo que es flora y fauna y para esta se situaron viveros y se llevaron a diversos sitios algunas especies a ejidos”.
Si la cacareada reforestación fuera real el Ejército se habría encargado de documentarla, así como documentó en numerosos videos cada avance de la construcción de las vías, cada tren en operación y cada evento. No hay evidencia de la reforestación porque no se ha repuesto un sólo árbol.
Pero claro que la masiva deforestación no es la única afectación que el Tren Maya ha causado al medio ambiente. En febrero de 2024 el diario El Financiero publicó un puntual recuento de los “pecados” ambientales de esta obra, específicamente del tramo 5:
“El Tramo 5 del megaproyecto del Tren Maya no ha cumplido con los planes de mitigación ambiental; tiene una serie de deficiencias en el manejo de flora y fauna; atenta contra la conservación de suelos y la reforestación, y no se construyeron los pasos de fauna necesarios para la zona sur, esto de acuerdo con una serie de auditorías del Órgano Interno de Control del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)”.
Indica la investigación que el Fonatur fue “omiso en la implementación de las medidas de mitigación”, no ha implementado un programa de gestión hídrica, solo ha construido 9 de 49 pasos de fauna prometidos y no tiene avances en materia de gestión integral de residuos.
“El OIT presentó los hallazgos al Fonatur que no respondió satisfactoriamente las recomendaciones ni precisó ninguno de los requerimientos realizados en la auditoría, por lo que el avance de las medidas fue nulo”, dice la nota.
También informa que el Comité de Vigilancia Ambiental del Tren Maya, un grupo que el gobierno instaló para presumir que no habría afectaciones ambientales por la obra, ni siquiera ha sesionado jamás. En este comité supuestamente participan organizaciones civiles y miembros de las comunidades indígeneas para dar seguimiento a las acciones de mitigación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos.
Y, aunque Albores presumió la existencia de un vivero para el traslado de flora desplazada, el OIT del Fonatur, en su auditoría, no pudo comprobar que esta instalación funcionara adecuadamente, “porque no se permitió el acceso”, dijo el diario.
De la supuesta reforestación hay un dato más, que señala que, en todo caso, en el mejor de los casos, todo son planes a futuro. Una nota de noviembre de 2022 publicada por Forbes México da cuenta de la existencia de un acuerdo entre la Sedena y el Fonatur para “la producción de 833 mil 918 plantas forestales, que serán empleadas para la reforestación de los mil 554 kilómetros del derecho de vía del Tren Maya”.
Llama la atención que todo el convenio habla de acciones a desarrollar en un futuro e implica que la reforestación no se ha realizado. “Fonatur se compromete a transferir a la Sedena, por conducto de la VII y X Regiones Militares, los recursos acordados en el presente instrumento, por un monto de 7 millones 838 mil pesos para la producción de 833 mil 918 plantas forestales”, antes del 1 de diciembre de 2023.
La producción se encargará, apunta, a los viveros forestales militares de Tenosique y Felipe Carrillo Puerto. Se producirán árboles Balché, Primavera, Palo de Rosa, Kan Jabín y Capulín, para ser plantados en el derecho de vía. El convenio indica que la Sedena dará mantenimiento y seguimiento de las plantas sembradas.
Ahora, de lo que sí hay abundante documentación es de la pérdida de cobertura forestal. Arriba dijimos que ambientalistas y periodistas documentaron las extensas áreas devastadas, pero hay más: las imágenes satelitales.
El 4 de agosto de 2023, la organización CartoCrítica hizo público que el 61% del territorio relacionado con la obra del Tren Maya (10 831 hectáreas) había sido deforestado. Del territorio deforestado 87% lo fue sin contar con autorización de cambio de uso de suelo forestal, como indica la ley. Las cifras del organismo fueron desmentidas por la Semarnat, que no pudo oponer a su dicho ninguna evidencia sólida.
CartoCrítica detalló que comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018 y de junio de 2023, así como datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad sobre la cobertura forestal existente antes de las obras.
Afirmaron que las imágenes satelitales muestran que, del área deforestada, 4 mil 139 hectáreas eran selva baja y mediana; que 2 mil 246 eran selva mediana caducifolia, que 70 eran manglar y petén, y que 11.4 eran selva mediana y alta perennifolia. Según su análisis, los tramos que mayor deforestación causaron fueron el 4 y el 6.
Como ejemplo, dijeron que el área devastada equivale a 20 veces el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Aseguraron que el gobierno federal deforestó miles de hectáreas sin contar con las autorizaciones de ley o bien, deforestando cuando los permisos aún estaban en trámite.
Ante ello, Semarnat argumentó que contaba con autorizaciones emanadas del decreto presidencial que declaraba al Tren Maya como obra de seguridad nacional, ello, a pesar de que desde mayo de 2023 la Suprema Corte calificó este decreto como inconstitucional y a pesar de que en las leyes ambientales no son válidas las autorizaciones provisionales.
La Selva Maya, la que el Tren Maya devastó, se considera el segundo bosque tropical más importante de América, después del Amazonas.
Es indispensable señalar que aunque ante el daño causado la reforestación es indispensable, replantar árboles no podrá jamás reponer realmente lo destruido, puesto que cientos de animales e insectos que habían construido su hábitat en los árboles derribados tardarían mucho tiempo en rehabitarlos, además de que no es lo mismo sembrar especímenes jóvenes para reponer árboles adultos.
Sembrando Vida y deforestación
De la mano con la devastación provocada por el Tren Maya está la provocada por el programa de “reforestación” Sembrando Vida, ese que el presidente ha presumido ante propios y extraños como el mejor del mundo y hasta inspiración para acciones ambientales impulsadas por la ONU.
Sembrando Vida es uno de muchos delirios de AMLO, que en su fantasía ve a miles de campesinos sembrando árboles frutales y maderables en cantidades legendarias. Sembrando Vida ha sido la principal coartada del gobierno para defender las inexistentes bondades ambientales del Tren Maya.
Además de las múltiples irregularidades que se han documentado en este programa, implicando corrupción y desvío de recursos, la arista más grave de Sembrando Vida es que en lugar de reforestar, ha propiciado justamente la pérdida de cobertura forestal.
Sembrando Vida, “el mayor programa de reforestación del mundo” según el Gob federal, tumba árboles en Quintana Roo. En @El_Universal_Mx logramos la ubicación de 5142 parcelas y las analizamos. ¿El resultado? Selvas, deforestación y cambios de uso de suelo.https://t.co/7Pv0XJDJeR
— Carlos Carabaña (@CCarabanya) November 29, 2021
Para que un campesino sea beneficiario de este programa –con míseros cinco mil pesos al mes—debe demostrar que tiene una parcela que puede destinar a la siembra de árboles frutales y maderables. ¿El resultado? Cientos o miles de personas desmontando la vegetación de las selvas, bosques y montes para poder entrar al programa.
Peor aún: cientos, o miles de personas que por la razón que sea no fueron admitidas o fueron expulsadas del programa y en consecuencia, dejaron abandonadas las héctareas que habían deforestado.
En noviembre de 2021 el diario El Universal publicó un reportaje de Carlos Carabaña basado en imágenes satelitales de Quintana Roo, que demuestra la pérdida de cobertura vegetal en un elevado porcentaje de parcelas inscritas en el programa.
“En varias parcelas, al acudir a verlas, vimos restos de troncos derribados, tocones quemados y en una encontramos a una persona macheteando un árbol. Sin embargo, todos los ejidatarios con los que hablamos estaban contentos con el programa, especialmente con el pago mensual, y la gran mayoría que vimos trabajaban sus parcelas”, escribió el reportero.
“Somos los únicos en haber obtenido la ubicación de las parcelas tras decenas de solicitudes de información a la Secretaría de Bienestar, quien ha bloqueado el acceso a otros investigadores o institución independiente. Sólo pudimos obtener la ubicación de las de Quintana Roo porque, cuando buscamos la de otros siete estados, casualmente dos sembradores del interior del estado de Tabasco habían puesto un amparo contra la entrega de esta información”.
Carabaña informa que el World Resource Institute (WRI) encontró “una correlación entre la llegada del programa y la pérdida de 72 mil hectáreas de coberturas forestales”. Recuerda que en 2019, en Xul-Ha, Quintana Roo, hubo denuncias sobre “la devastación de 200 hectáreas para entrar al programa. En la zona cercana a la Reserva de Calakmul, en Campeche, el sitio Grieta documentó selva tumbada para convertirla en parcelas. En Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente ha recibido denuncias por la tala de árboles en áreas donde opera”.
Energías Sucias
Presionado por las críticas, el presidente López Obrador incorporó recientemente en su discurso público posturas aparentemente favorables a las energías limpias, pero lo cierto es que su preferencia se inclina por las energías sucias, es decir, las gasolinas y la electricidad producida por medios contaminantes.
En el imaginario del presidente es indispensable que México regrese a las épocas gloriosas del dominio estatal en petróleo y electricidad, que en su romántico recuerdo trajo progreso y bonanza al pueblo.
Así, ha combatido en los hechos y en las palabras el fortalecimiento de la industria de energías limpias y hasta ha criticado de manera absolutamente ignorante la naturaleza de la energía solar y eólica.
Al tiempo, durante todo su sexenio ha permitido y alentado que la Comisión Federal de Electricidad produzca fluido eléctrico quemando combustóleo y carbón. Lo ha hecho porque, avaricioso como es, no quiere cerrar las viejas plantas termoeléctricas, no quiere “desperdiciar” un subproducto barato como el combustóleo –surgido de la refinación de gasolinas y que cada vez menos industrias quieren comprar— y además, ha buscado favorecer a empresarios amigos suyos que venden carbón.
Al tiempo, cegado por el rencor, equiparó la industria de las energías limpias con el “saqueo” que los conquistadores españoles realizaron en la Conquista, debido al hecho de que una gran cantidad de empresas del ramo son propiedad de españoles, especialmente la transnacional Iberdrola.
Ello no le impidió comprar a este gigante 13 plantas eléctricas, algo que ridículamente celebró como una “nueva nacionalización” eléctrica. Según él, esta adquisición formaba parte del propósito de que 35% de la electricidad consumida en México proviniese de fuentes limpias.
En diversos momentos presumió de la construcción de parques eólicos y solares, de plantas de ciclo combinado y de más y mejores hidroeléctricas. Pero en tanto, permitió que la CFE siguiera usando combustóleo para generar electricidad.
En el Programa Sectorial 2020-2024 de la Secretaría de Energía, se apunta con claridad que el gobierno federal busca “que el combustóleo sea aprovechado para la generación eléctrica, condicionado a la aplicación de tecnologías de reducción de emisiones, que haga posible la utilización de infraestructura existente ya amortizada”.
Como se dijo arriba, el combustóleo es un subproducto de la refinación de combustibles y Pemex dispone grandes cantidades de él. En tiempos pasados tenía mucha salida en la industria náutica, pero por su tremendo potencial contaminante se vende cada vez menos, por lo que el gobierno de AMLO buscó un uso económicamente ventajoso, pero ambientalmente dañino y así, determinó que Pemex habría de vender combustóleo a la CFE para quemarlo en la producción de electricidad.
El gobierno ha argumentado que no se daña al medio ambiente con esto, ya que aplica “tecnología de reducción de emisiones”, pero diversos expertos han señalado que esta tecnología es inaplicable en las viejas plantas termoeléctricas de la CFE y que si fuese verdad que el gobierno la aplica, de inmediato las plantas serían financieramente inviables, por su elevadísimo costo.
Uno de los casos más emblemáticos de la contaminación que produce CFE es la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, que usa para sus procesos 80% de combustóleo. Los elevados niveles de azufre que vierte Tula al aire se han asociado con 14 mil muertes prematuras en Hidalgo y el Valle de México. La contaminación frecuentemente alcanza a la capital y es partícipe de las frecuentes contingencias ambientales que se sufren en la CDMX.
El 28 de enero de 2024, el diario El Economista recuperó datos internos de Pemex que indican que la paraestatal cerró el 2023 con una producción de combustóleo 74% más elevada que la que tenía en 2019.
“El año pasado, Pemex mantuvo la trayectoria ascendente que lleva durante todo el sexenio en elaboración de combustóleo en sus seis refinerías y por quinto año aumentó anualmente su volumen para llegar a 260,702 barriles diarios, que son 1.0% anual más volumen de este residual que se obtiene al aumentar las actividades de refinación en las plantas de la empresa. En contraste, Pemex produjo 149,815 barriles diarios de combustóleo en 2019”, dice la nota de Karol García.
Por su lado, el portal especializado Energy 21 dijo en enero de este año que el crecimiento de la producción de combustóleo era del orden del 41%, en tanto que la producción de gasolinas sólo había crecido 22% en este sexenio.
Energy 21 cita al líder de Proyectos de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Óscar Ocampo, que dijo que “el combustóleo representa ya casi una tercera parte de los productos de la refinación y eso se debe a que las refinerías no están actualizadas tecnológicamente, se necesita una reconfiguración más ambiciosa pero no hay recursos”.
La nota afirma que en el país hay activas 30 termoeléctricas, todas “grandes fuentes de contaminación”.
“El mejor ejemplo es la Termoeléctrica de Tula, que utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre. La operación de esta termoeléctrica emite el 56% de las partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), que tienen severos impactos a la salud de la población, además de emitir el 75% de los Óxidos de Azufre, y el 43% de los Óxidos de Nitrógeno en la Zona Metropolitana del Valle de México y Tula. Lo anterior también es causa de la lluvia ácida con afectaciones en la agricultura y se estima un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México a causa de la operación de la termoeléctrica”.
Al respecto, la CFE ha justificado la quema de combustóleo. El 6 de marzo de 2021 dijo que se hace porque es más barato que el gas natural. En un informe entregado al Senado de la República, la empresa estatal dijo que en Tula se quema combustóleo porque así se bajan costos, gracias a que la Refinería de Tula está al lado y le provee de combustible.
“El combustóleo que llega a la Central Termoeléctrica Tula proviene de la Refinería Miguel Hidalgo, de Pemex, ubicada a un costado del predio de la central, representando la mejor opción económica para la compra del combustible, ya que no existe la cuota de costos de transformación. El gas natural se recibe en forma limitada del gasoducto Santa-Anna, proveniente del Estado de México”, explica.
Justifica que hasta “donde ha sido físicamente posible” se ha intentado usar gas natural para reducir las emisiones, pero que hay limitantes que obligan a una mayor quema de combustóleo.
Lo cierto es que la termoeléctrica de Tula debería haber dejado de operar hace muchos años y la electricidad necesaria debía ser comprada a productores privados de energías limpias y sostenibles, pero como sabemos, el presidente ha hecho todo lo posible por cerrar el mercado a estos productores, asegurando que quieren “robar al pueblo”.
En realidad, quien roba el presente y el futuro de los mexicanos es él, puesto que no hay futuro posible sin un medio ambiente sano.
