El lunes pasado la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocó a las tres personas candidatas a la presidencia de la república a firmar un acuerdo para la paz, el documento se denomina “Compromiso nacional por la paz”, como lo señaló Monseñor Ramón Castro, secretario general de la CEM, este pacto se propone en virtud de que ya son 18 años en los cuales la estrategia de seguridad de los gobiernos no ha funcionado en México.
Están muy preocupados ya que “muchos de los obispos […] estamos en la primera línea de la batalla”, conocen de cerca la incidencia, desde ahora, de los grupos criminales en la próxima elección presidencial, saben del poder que tiene el crimen organizado y cómo esos grupos intentan manipular el resultado electoral, presionando a la población de diversas regiones a votar por ciertas personas y amenazando, que de no hacerlo, se atengan a las consecuencias.
El mismo lunes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, dijo desde su conferencia en Ginebra, que nuestro país debe cuidar la elección, pues se elegirán más de 20 mil cargos de representación, entre ellos la presidencia, miembros del congreso y “una amplia gama de representantes y autoridades estatales y locales”. Para Volker Türk, “este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse contra la violencia”.
Como suele suceder, al día siguiente el presidente de México desde su mañanera, descalifico al Alto Comisionado diciendo que es “muy tendencioso, está en contra de nosotros” dijo, sin embargo, ese mismo lunes el periodista Héctor De Mauleón dio a conocer “un explosivo paquete conformado por audios y videos en los que María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez, […] operadora política de la secretaria general del partido [Morena], habla de la llegada de maletas repletas de efectivo, presuntamente enviadas por narcotraficantes, y entregadas a Rocha Moya”, candidato de ese partido a la gubernatura de Sinaloa en 2021.
De tal manera que el intento presidencial de minimizar las preocupaciones que evidentemente observan, tanto organizaciones religiosas mexicanas, como organismos internacionales, no sólo no logran calmar los ánimos, sino que suscitan más alarma. Como sucedió con el mensaje que, al día siguiente, el martes 5 de marzo, hizo público el grupo denominado “Cártel del Noreste”, el cual mediante video difundido en redes sociales, defendió al mismísimo presidente de la república sobre las acusaciones de haber recibido dinero del narco: “aclarando, que no son ciertos los hechos en los que se vinculó a la organización Zetas con las campañas presidenciales del actual presidente de la república” y que, “por lo tanto, es falso lo de la ayuda en el 2006 y lo de la campaña de 2018 […] Nosotros no nos metimos, no nos metemos y no nos meteremos en la política”.
De esta manera, mientras organizaciones serias llaman la atención sobre los graves riesgos que corre el proceso electoral en curso, de ser intervenido por los grupos del narcotráfico, al presidente sale a “defenderlo” precisamente un cártel de la droga. Es que la situación del país ya es inverosímil, nos lleva de la sorpresa a la zozobra cada día, pues cada vez suceden cosas más preocupantes, ¿cómo es que un grupo del narcotráfico sale en defensa del presidente de México? ¿En qué momento se volvió voz autorizada la de los narcotraficantes? ¿Cómo es que llegamos a este cinismo decadente?
No puede ser posible que con tal de minimizar la difícil situación en la que estamos millones de ciudadanas y ciudadanos en todo el país, el jefe del ejecutivo descalifique los llamados y las evidencias que cada vez más sectores de la sociedad le muestran. Es inaceptable que no haya un deslinde claro, total y rotundo del espaldarazo que le brinda un cártel de la droga al presidente de la república. Si bien pueden argumentar en Palacio que ellos nada tienen que ver con ese video, es su obligación además del deslinde, iniciar una investigación contra ese grupo delincuencial para saber cuál es el móvil que hay detrás de ese “apoyo”.
Como el mismo presidente lo ha hecho público, el hashtag #narcopresidente lleva varias semanas siendo tendencia, pero lo que se niega a entender es que no se trata de una campaña negra en su contra, sino que es el clamor del pueblo de México que está secuestrado en cada vez más regiones del país por grupos criminales. Ese hashtag es una manera de visibilizar el “elefante en la sala” de la agenda nacional que el presidente insiste en ignorar, no señor presidente, la realidad no cambia con sólo negarla o tener “otros datos” y si su gobierno insiste en no asumir su responsabilidad de ofrecer seguridad, seremos las y los mexicanos organizados quienes daremos la batalla en las urnas el próximo 2 de junio para hacer que este drama nacional de inseguridad y violencia sea la altísima prioridad para la próxima presidenta de México.
