Una de las empresas que el presidente Andrés Manuel López Obrador catalogó como pertenecientes a la “mafia farmacéutica” que supuestamente saqueó las arcas públicas en sexenios pasados, continuó recibiendo contratos millonarios con el gobierno federal y no fue sancionada por la supuesta corrupción en que incurrió.
Se trata de la empresa Farmacéuticos Maypo, una de las que el gobierno de AMLO intentó sacar de los proveedores del sistema de salud, pues como se recordará, al inicio de su administración dijo repetidamente que unas cuantas empresas vendían todos los medicamentos a sobreprecio, ordenó no comprar a dichas empresas que llamó “corruptas” y provocó un desabasto de medicamentos inédito en la historia del país.
Este martes, el periodista Mario Maldonado informa que el gobierno de López Obrador no “pudo poner un freno al favoritismo de empresas” y que los contratos de más de 24 mil millones de pesos de Maypo con el gobierno federal es una muestra de ello.
Maypo, recuerda el analista, es una de las tres distribuidoras de medicamentos y material médico que según dijo AMLO al inicio del sexenio, acaparaban de manera inmoral y corrupta el 60% de las ventas al gobierno.
Lo que el presidente no dijo entonces, de manera intencionada o por ignorancia, es que esos grandes distribuidores hacían el trabajo que los departamentos de compras del IMSS, del ISSSTE, Pemex, Secretaría de Salud y Secretaría de Hacienda no sabían hacer, ya que no es cosa menor comprar en tiempo y forma miles de piezas de medicamentos y material médico para llenar los almacenes de todo el país con anticipación.
Así, en diciembre de 2018, recién llegado al poder, AMLO ordenó cancelar las compras ya pactadas para las necesidades de 2019 e instruyó implementar un nuevo modelo de compras que no logró, en un mes, que para enero de dicho año se tuvieran comprados los insumos. La responsable de ese nuevo modelo de compras fue Raquel Buenrostro, la futura secretaria de la Función Pública, que intentó centralizar todas las compras del gobierno y fracasó.
Como se recordará, esta situación llevó en cierto momento a que el gobierno federal hiciera compras de emergencia, incluso involucrando a la ONU, lo que fue otro fracaso o enviando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a buscar medicinas “por todo el mundo”.
Regresando a Farmacéuticos Maypo, propiedad de Carlos Arenas Wiedfeldt, en marzo de 2019 le fue impuesto un veto por parte de Raquel Buenrostro, entonces Oficial Mayor de Hacienda. También se vetaron a las empresas Fármacos Especializados, dirigida por Francisco Fayad y a la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), a cargo de Carlos Álvarez.
El pretexto para dicho veto fue que esas tres empresas conformaban un “monopolio”, ya que en 2018 entre las tres habían vendido el 62.4% de todas las compras hechas por el IMSS y el ISSSTE, lo cual “resulta a todas luces inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución”, decía el oficio.
Mediante un oficio, informa Mario Maldonado, desde la Presidencia de la República se le pidió a Buenrostro que “de conformidad con la legalidad en la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas, hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.
Pero de acuerdo con el periodista, dicho veto no aplicó o bien, el gobierno, orillado por el desabasto autoprovocado, tuvo que recurrir a Maypo para paliar la crisis, ya que en ese mismo año la distribuidora “obtuvo contratos por más de 8 mil 200 millones de pesos y en los siguientes ejercicios fiscales no hizo más que incrementar sus ingresos con el gobierno federal”.
Todo, mientras en el discurso el presidente seguía diciendo que su gobierno ya no hacía negocios con las empresas de la “mafia”.
Añade Maldonado que en todo el sexenio Maypo “acumuló un total de 24 mil 200 millones de pesos en el sexenio de AMLO, la mayoría por adjudicación directa”.
“Si bien esta cifra representa la mitad de los casi 48 mil millones de pesos que esta empresa se embolsó durante el sexenio pasado, la orden de desaparecerla de las compras de gobierno no se ejecutó ni se le exoneró tampoco de las acusaciones de corrupción y de concentración del mercado de distribución de medicamentos”.
Ahora, en vista de que el IMSS y otras dependencias, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología y la Secretaría de Marina siguieron comprando a distribuidores “vetados”, no se explica a plenitud el grado de desabasto alcanzado.
En este contexto, es indispensable considerar el elevado subejercicio presupuestal registrado en el IMSS, una de las dependencias de más elevado presupuesto asignado, pero con mayores carencias, así como mayor gasto de publicidad. De igual manera, hay que considerar que en este gobierno se hizo de las compras simuladas un hábito para desviar recursos, como demuestra el saqueo monumental en Segalmex.
*OFV
