Por mayoría de sus integrantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dar trámite a la consulta solicitada por juzgadores sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, por lo que procederá a revisarla. El ministro ponente les recordó que hace 10 años políticos hoy de Morena pidieron revisar una reforma constitucional.
En ese sentido fue el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para darle entrada a la consulta, el que fue aprobado con ocho votos a favor y tres en contra (los de las ministras del obradorismo: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama).
González Alcántara Carrancá se basó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para sostener que la SCJN sí puede pronunciarse sobre reformas constitucionales, mientras que Norma Piña Hernández reforzó ese argumento al afirmar que el máximo tribunal sí puede analizar los actos que puedan vulnerar la independencia judicial. Puso énfasis en que sólo se estaba decidiendo si los cambios constitucionales pueden ser revisados.
La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, descalificó el proyecto de González Alcántara Carrancá y hasta advirtió que la SCJN “estaría dando un auténtico (y lo digo con todas sus letras) golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador”.
Para Javier Laynez Potisek, señaló que los argumentos de las obradoristas son de fondo, los que sólo podrían ser expuestos en el caso de que el asunto se turne a un ministro ponente, por lo que no los rebatiría en esta sesión.
El ministro Pérez Dayán dijo que no se adelantan vísperas para desconocer una reforma constitucional porque ello sería adelantar fondo, más allá de lo que la consulta pretende, sino que limita, indebidamente, el alcance que la propia SCJN ha dado a instrumentos como la consulta.
Jorge Mario Pardo Rebolledo aclaró que no se está en juicio de amparo ni en controversia constitucional ni acción de inconstitucionalidad sino en el ejercicio de una facultad y que no hay una causa notoria e indudable que lleve al desechamiento de la consulta a trámite.
Para Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estuvo a favor del proyecto, pero con una reformulación sobre los alcances de la doctrina constitucional en materia de límites al poder reformador de la Constitución.
Para Ortiz Ahlf, el control que la SCJN puede ejercer “sólo puede recaer sobre las normas infraconstitucionales”, mientras que Esquivel Mossa dijo que “es demasiado tarde para buscarle errores a la Constitución”, y hasta advirtió de un “golpe de Estado constitucional de derecho” y de que la SCJN puede estar promoviendo una crisis constitucional. Además, esta ministra planteó desechar la solicitud por “notoriamente improcedente”.
Una maciza respuesta se las dio la ministra Ríos Farjat, quien rechazó expresiones como “politización de la justicia”, “control de calidad de la Corte” o “golpe de Estado” por resolver una consulta, y señaló que esas declaraciones “tergiversan la litis y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo”.
González Alcántara Carrancá también respondió a las acusaciones de “golpismo” hecha por la “ministra del pueblo”, a la que aclaró que la Corte actúa de acuerdo con una ley emitida por el Congreso de la Unión y es respuesta a un escrito promovido por personas que forman parte del pueblo de México. También le recordó que “el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido (y defendido bien) y promovido, incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie, en ese momento, los acusó, en este pleno, de ‘golpistas’.
“Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 de 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quienes respeto muchísimo, como Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de ‘golpistas’”.
Y Batres Guadarrama terminó hablando de una cuenta en la red social X que le molesta mucho y que usa el logotipo de la SCJN.
