Los jueces buscan delatores y no se descarta que la expresidenta vaya a prisión. Localizado un hombre clave fugado en Paraguay
La actualidad argentina pasa por un edificio enorme y cuasisoviético cerca del Río de la Plata. Es Comodoro Py, donde trabajan los jueces federales que investigan la presunta corrupción del entorno de la familia Kirchner y que, tras el cambio de Gobierno, parecen tener mucha prisa. Causas dormidas durante años, mientras los Kirchner estaban en el poder y presionaban con dureza a la justicia, se aceleran ahora que Mauricio Macri está en la Casa Rosada. Las noticias se suceden a velocidad de vértigo y ahora además con elementos propios de una novela de espionaje. El último episodio novelesco ha sido el de Jorge Oscar Chueco, un fugado que despareció de Argentina e intentó suicidarse en Paraguay, donde fue finalmente detenido.
Chueco es un abogado vinculado a Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, que pasó de ser un cajero de banco a hacerse con toda la construcción pública en Santa Cruz, la provincia donde empezó el poder del kirchnerismo. Ahora es un multimillonario que viaja en avión privado y acaba de ser encarcelado por presunta corrupción.
Varios jueces acorralan al entorno de los Kirchner e incluso a la propia expresidenta. Su abogado, Raúl Zaffaroni, que fue juez de la Corte Suprema, ha dicho que es posible que el juez Claudio Bonadío ordene encarcelarla. Cristina Fernández de Kirchner ya demostró que está dispuesta a movilizar a toda su gente para impedirlo y organizó la semana pasada un gran mitin a la puerta de los juzgados cuando fue llamada a declarar.
