El pleno del Senado de la República aprobó en la madrugada de este viernes el dictamen que expide la Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Luego de 13 horas de sesión, 90 senadores votaron en favor y sólo cuatro en contra de dicha ley que busca la distribución de competencias, para que dentro de los tres órdenes de gobierno se pueda prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados, el cual establece que el delito de tortura se investigará y perseguirá por oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.
El documento además señala que la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que disponga, autorice o aliente la tortura, no exime del delito. Las ordenes de los superiores de cometer dichas prácticas son ilegales, por lo que los subordinados tienen la capacidad de desobedecerlas y denunciarlas.
La tortura sucede, de acuerdo al dictamen, cuando a fin de obtener información o una confesión, se cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que le sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica aunque no le cause dolor o sufrimiento y realice procedimientos médicos o científicos en un individuo sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.
La ley estipula que se impondrá un pena de diez a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas en el documento aprobado. Además, se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
En el caso de que una persona que no esté vinculada con el Estado cometa tortura, se le impondrá una pena de cuatro a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
El ordenamiento aprobado por el Senado en las últimas horas del periodo ordinario de sesiones, dispone que las penas aumenten incluso en una mitad cuando la víctima fuera niño, niña o adolescente, mujer, migrante, adulto mayor, indígena, discapacitado, entro otros.
El servidor público que tenga conocimiento de la presunta comisión del delito de tortura y que se abstenga de denunciar de manera inmediata, se le impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión y de 250 a 500 días de multa.
Sin embargo, el Poder Legislativo dejó pendiente la ley sobre la mariguana, el sistema anticorrupción y el mando único, los últimos dos llevan tres periodos de sesiones en discusión.
(Con información de El Financiero)
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