En México la justicia se aplica con un doble rasero que erosiona y lastima la confianza ciudadana.
El caso reciente lo ilustra con crudeza: a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado por la justicia de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, se le concede el privilegio de ser entrevistado en su propia casa por un vicefiscal de la FGR. No se le traslada a la Ciudad de México, por el temor de que haya “riesgo de captura”.
En contraste, a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, se le obliga a presentarse en las oficinas centrales de la FGR en la capital, pese a que su administración, con apoyo de agentes de la CIA, logró desmantelar un macro laboratorio de drogas sintéticas que envenena a miles de jóvenes.
La contradicción es brutal: al acusado se le protege, a la que combate al crimen se le somete. Este trato desigual no es un detalle administrativo, es un golpe directo a la legitimidad del sistema de justicia.
La ciudadanía recibe con estas acciones un mensaje devastador: la ley no se aplica con principios de igualdad, sino con criterios políticos.
El trasfondo es muy claro, mientras Morena protege a los suyos incluso frente a fichas rojas internacionales, a quienes no forman parte de su círculo se les exige un cumplimiento estricto y humillante.
La justicia se convierte en un instrumento de poder, no en un garante de legalidad.
La consecuencia es bastante peligrosa, debido a que la gente ya percibe que la ley se está aplicando selectivamente, con ello la confianza pública comienza a derrumbarse y, sin confianza, el Estado pierde su capacidad de respetabilidad ante su propio pueblo.
México necesita instituciones que actúen con imparcialidad, que premien la lucha contra el crimen y que sancionen con rigor a quienes lo encubren o lo facilitan, de lo contrario —como lo estamos viendo— se continúa abriendo la puerta a la impunidad y al descrédito.
Va Directo.- Este trato desigual no es un detalle administrativo, es un golpe directo a la legitimidad del sistema de justicia.
