Una red de empresas ligadas a una facturera a su vez vinculada con la notaría del senador Adán Augusto López, ha acumulado contratos por más de 2 mil millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Se trata Ferroclin U & Q, empresa constituida en 2014 en la notaría de López Hernández en Villahermosa, y actualmente incluida en la lista de factureras del Sistema de Administración Tributaria (SAT), luego de haber recibido contratos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 329 millones de pesos entre 2019 y 2023.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que un grupo de directivos de la Conagua, conformado por integrantes de la Ayudantía de Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del primer círculo de la llamada 4T, fueron los encargados de la asignación como de la supervisión de la mayor parte de las obras que esta red de empresas ganó en el sexenio de López Obrador.
Por ejemplo, Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue titular de la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua entre octubre de 2020 y mayo de 2021; esta área fue la responsable de suscribir 38 de los 42 contratos encontrados por MCCI en la Plataforma de Transparencia. Tras la salida de Martínez Rodríguez, la responsabilidad recayó en Ángel Manuel Medel Ríos, quien formara parte de la Ayudantía de AMLO.
Entre ambos funcionarios otorgaron casi el 80% (mil 841 millones de pesos) de los 2 mil 314 millones de pesos que esta red recibió, a pesar de no contar con experiencia previa proyectos de infraestructura hidráulica.
Otra de las empresas que conforman esta red ligada a Ferroclin U & Q, es Jylco Construcciones, empresa creada en 2008 en Acapulco, Guerrero, pero tras varios problemas financieros de sus dueños originales, quedó a cargo de Alejandro Ramos Martínez, empresario originario de Tabasco, pero según la documentación consultada por MCCI en el acta constitutiva, su fundador Marco Antonio Juárez, sigue apareciendo como dueño, a pesar de que ya falleció. Es decir, no hay rastro documental de cómo Ramos Martínez se hizo de control de esta empresa fachada, que con esos antecedentes, en mayo de 2021, recibió un contrato de 177 millones de pesos para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.
Pero este caso no fue único, Ramos Martínez se convirtió en administrador de otra empresa fantasma creadas en Acapulco que también se vio beneficiada por la Conagua. Se trata de Constructora e Inmobiliaria Clapa, que obtuvo dos contratos que sumaron 333 millones de pesos para la construcción de los canales laterales y sublaterales de la zona de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.
A su vez, José Luis Campos Chávez, comisario de Jylco, funge al mismo tiempo como administrador de Constructora Campos Rocha, también fundada en Acapulco. Esta firma acumula contratos por 549 millones de pesos en obras hídricas prioritarias como la construcción de las líneas de conducción de la presa Santa María en Sinaloa y la red de distribución del canal sublateral de la zona de riego del pueblo Yaqui.
En junio de 2023, Constructora Campos Rocha y Jylco Construcciones simularon competir en la licitación para la rehabilitación de un bordo en la margen derecha del Río Bobos, en Veracruz. De las 18 propuestas recibidas, solo cinco cumplieron los requisitos técnicos, entre las que se encontraban las de Campos Rocha y Jylco, vinculadas entre sí por medio de José Luis Campos Chávez. El contrato de 87 millones de pesos fue obtenido finalmente por Campos Rocha.
Antes de la publicación del reportaje, en mayo MCCI envió un cuestionario a la Conagua preguntando cómo una compañía sin activos y sin personal como Ferroclin U & Q pudo construir la sobreelevación de la presa Siqueros. También se le cuestionó a la dependencia por qué contrató a esta red de diez empresas sin experiencia para la construcción de sus proyectos prioritarios. La dependencia se limitó a contestar que la información de los contratos es pública y que en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción se harán del conocimiento de las instancias correspondientes.
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