El juez primero de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, Gabriel Regis, consideró que el expediente del caso Tlatlaya sí está vinculado con la violación de derechos humanos, toda vez que los delitos imputados a los militares tienen que ver con indisciplina y desobediencia.
Esta resolución se da como parte de un juicio de amparo que interpuso un particular en contra del dictamen del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien reservo por dos años el expediente militar del caso por considerar que no se trataba de violaciones a derechos humanos.
El juzgado consideró que el documentó realizado por la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) debe ser público pues la desobediencia e indisciplina militar que se imputa a los soldados está vinculada con graves violaciones de derechos humanos, según la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
“Resulta aplicable la regla general que permite el acceso a la información pública y no así la restricción que se establece respecto de las averiguaciones previas, en virtud de que, tratándose de violaciones a derechos humanos, los delitos revisten características que los dotan de una trascendencia social, afectando no sólo a la víctima sino a toda la sociedad, de ahí que lo procedente sea conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso”, se lee en el dictamen.
La determinación del juez obligó al INAI a desistirse del recurso de revisión que interpuso en contra del amparo del particular insatisfecho con la confidencialidad del caso, y a organizar una nueva discusión respecto a la confidencialidad del expediente.
No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional insiste con la querella para mantener bajo resguardo el juicio militar contra los soldados que presuntamente ejecutaron a 22 probables delincuentes.
(Con información de La Jornada)
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