Hace años emprendimos un viaje sin retorno hacia conceptos globales cada vez más amplios sobre las garantías individuales y colectivas, para desterrar el abuso, la violencia y las injusticias de todos los contextos y las circunstancias sociales. Pasamos de las nociones a las leyes y de ahí a los vigilantes, primero formales y luego ajenos a las estructuras de poder político y económico. Así se han construido algunas famas y alguno que otro desprestigio.
Defensores de derechos humanos es un membrete cada vez más popular por noble, pero también por rentable. Para trabajar en ello y mantenerse lejos de los apetitos corruptores de aparatos gubernamentales es necesario financiarse de manera independiente, acercarse a fondos sin conflictos de interés, que hagan viable la operación de los defensores.
La ideología y la política son instrumentos para obtener poder y dinero. La ecuación es simple, se aplica todos los días en todo el mundo. Ayer La Razón documentó cómo, del primer millón de dólares que pagó el Estado mexicano a la CIDH para que su grupo de expertos investigue el caso Iguala, se incluyeron salarios de cada uno de los cinco integrantes de ese equipo: 240 mil dólares, equivalentes a unos 136 mil pesos mensuales. Nada mal. Querer prorrogar un trabajo así, se explica fácil.
Pero éste no es el único caso. Integrantes de Amnistía Internacional (AI) denunciaron el 13 de noviembre, ante el secretario global de la organización y su Global Managment Team, irregularidades al interior de su oficina en México, fundamentalmente en materia de transparencia en el ejercicio presupuestal e inestabilidad en la toma de decisiones. Perseo Quiroz Rendón, director de AI capítulo México, renunció.
La denuncia firmada por Ana Gaitán Uribe, responsable de Estrategias Jurídicas, y nueve coordinadores y responsables de área más señala que hay contratos fuera de presupuesto, asignaciones directas —en contra su normatividad—, e incrementos arbitrarios y dispares en sueldos —ejemplo: a la encargada de recaudar fondos se le vinculó con un salario inicial de 60 mil pesos mensuales—. A todo esto se suman otras irregularidades financieras y administrativas.
Los fondos provienen de los recursos que la oficina mexicana de AI recibe por subvenciones, préstamos, ingresos por membresía y donaciones. Varios de quienes presentaron la denuncia fueron despedidos.
Amnistía Internacional ha seguido de cerca casos como el de Ayotzinapa, la defensa del agua de la tribu yaqui, el encarcelamiento de los nahuas José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, y de Alfonso Martín del Campo.
Generalizar absuelve, no se puede descalificar el trabajo de todas las organizaciones y colectivos, pero sí se hace indispensable apretar los mecanismos de control para inhibir la proliferación de mercaderes de la legalidad, la venta de certificados en derechos humanos a cambio de financiamientos infinitos o transformar este activismo en trampolín político.
Este artículo fue publicado en La Razón el 21 de Enero de 2016, agradecemos a Carlos Urdiales su autorización para publicarlo en nuestra página
