Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela acudió ayer a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, para solicitar una orden de detención contra Nicolás Maduro, presidente venezolano; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Néstor Reverol, ministro de Interior y otros dos funcionarios de seguridad por “crímenes de lesa humanidad”.
“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar (…) Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque generalizado contra la población civil”, señaló Ortega, y lo resumió de forma descarnada: “Un plan de limpieza social”.
La exfiscal que en agosto fue destituida por la Asamblea Constituyente y posteriormente salió del país, se había convertido en los últimos meses, mientras estaba en su cargo, en una de las pocas voces críticas contra el gobierno de Maduro desde el interior del Estado.
“Deben pagar por el hambre y la miseria a la que han sometido al pueblo de Venezuela”, dijo, tras presentar ante la CPI más de mil elementos probatorios, entre los que incluye reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas. Y añadió: “Me veo en la necesidad de acudir a esta instancia porque en Venezuela no hay justicia, no es posible que no se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”.
La acusación principal se centra en las cifras de la represión entre 2015 y junio de 2017, cuando el país vivía una oleada de protestas masivas contra la deriva del chavismo. “Estamos denunciando”, declaró a periodistas, “que en el 2015 fueron asesinadas mil 777 personas por funcionarios policiales y militares, en el 2016 fueron cuatro mil 667 bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de mil 846 personas, todas bajo las órdenes de Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, una razia (…) Dentro de las denuncia incluimos las OLP, Operaciones para Liberación del Pueblo, donde fueron asesinadas 505 personas, otra limpieza ejecutada por grupos tácticos de combate”.
Ortega fue muy cercana al expresidente Hugo Chávez. Comenzó a ser perseguida en abril después de denunciar la ruptura del orden constitucional fraguada entre la Presidencia y el Tribunal Supremo. La Asamblea Nacional Constituyente la destituyó de su cargo de manera ilegal antes de escapar al exilio.
El oficialismo la considera una “traidora” y la acusa de haber dado vía libre desde su cargo de fiscal a una oposición que el gobierno califica de violenta y golpista.
Desde su salida del país, Ortega se ha dedicado a denunciar al gobierno en instancias internacionales.
(Con información de El Mundo, El País y BBC)
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