La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora consignó a 16 personas por su presunta complicidad en los delitos de suposición, supresión, ocultación, sustitución de padres, y por tráfico de menores. Además, giró una orden de aprehensión contra un funcionario público y un abogado ganadero quienes son señalados como los operadores de la red de tráfico.
En conferencia de prensa, el procurador estatal, Carlos Navarro Sugich, precisó que los funcionarios contra quienes se giró la orden son José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Alfredo Arzate Carbajal, encargado de la línea Protege, dedicada a recibir denuncias sobre maltrato infantil.
Esta red ilegal, que inició en 2012, fue denunciada el pasado 18 de marzo ante la PGJE. Posteriormente, en agosto se reveló un audio en el que Arzate Carbajal confesaba que él y Hernández López, junto con otros funcionarios, vendían a los menores a personas nacionales y extranjeras.
De acuerdo con la confesión del funcionario, quien fue detenido en Cancún, ellos eran los intermediarios directos entre los padres que daban en adopción a sus hijos y los compradores, a quienes les pedían cantidades entre 80 mil y 150 mil pesos para facilitar el trámite de adopción.
Los acusados registraban como hijos biológicos a los menores y posteriormente hacían los trámites de adopción con los interesados.
La PGJE informó que hasta el momento se han localizado a nueve menores cuyos nombres fueron anotados de manera irregular en el Registro Civil, por lo que llamó a los padres que hayan dado en adopción a sus hijos a través de Hernández López que acudan a identificar a sus probables hijos.
Pese a la confesión, Arzate Carbajal fue liberado por el amparo que interpuso y apenas este miércoles se emitió la orden de aprehensión en su contra.
Los cargos que se les imputan son incumplimiento de un deber legal, delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, y sustracción y tráfico de menores. Por el primer ilícito podrían alcanzar una condena de uno a seis años de prisión, por el segundo una pena de seis meses de cárcel, y por la tercera una sentencia de 15 a 40 años recluidos.
(Con información de El Universal)
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