El acoso contra trabajadores de la sección de noticias de Canal 22 empezó desde noviembre de 2014, denunciaron este lunes periodistas despedidos de dicha televisora.
En la conferencia de prensa titulada “Periodistas para periodistas”, realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los comunicadores Alejandra Flores, Huemanzin Rodríguez, Marco Lara Klahr, Juan Jacinto Silva y Marcos Daniel Aguilar, exmiembros del departamento de noticias del Canal 22, acusaron a la actual administración de Raúl Cremoux de realizar despidos injustificados, fuera del orden legal, con el fin de censurar los contenidos que se presentaba.
Lara Klahr solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión del Distrito Federal puesto que comunicadores como Irma Gallo y Guadalupe Pereira pueden correr el mismo destino laboral que Flores, Rodríguez y Jacinto Silva, éste último exjefe editorial de noticias.
Asimismo, insistió en el debate público abierto con Cremoux para hacer válido su derecho de réplica; exigió la intervención de Conaculta y del recién designado secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien esta mañana en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula dijo desconocer de fondo el caso.
Por su parte, Huemanzin Rodríguez denunció que Karla Higuera del departamento de Comercialización y Juan Carlos Días del departamento Jurídico del Canal 22 lo amenazaron por Twitter y le advirtieron de su despido.
El exconductor narró que fue enviado a Colombia a realizar un reportaje de narcotráfico. A su regreso, le anunciaron que ya no saldría al aire “para que no tuviera distracciones” y se concentrara en manejar el material recolectado. Cuando lo presentó le dijeron que su contrato había terminado.
“No es una cuestión presupuestal (…) A nosotros nos informaron que los recortes serían hasta el año 2016 y no ahora”, acusó Rodríguez, quien aseguró no haber recibido un aumento de sueldo desde 2001.
“Por eso estamos aquí, porque estamos siendo violentados. En ningún momento nosotros hemos correspondido a sus juegos, a sus opciones. Todo lo hemos hechos a través del cauce. Hemos sido hasta donde nos ha permitido la ley. Confiamos en ella”.
Las amenazas en Twitter también fueron señaladas por Gallo, quien incluso refirió que avisó al Órgano Interno de Control del canal pero no recibió respuesta.
De acuerdo a Marcos Daniel Aguilar, su contrato y el de Flores terminan hasta el 31 de diciembre, sin embargo, este viernes, sus contratos fueron rescindidos de forma “ilegal y contradictoria”: desde el 28 de agosto tienen prohibido entrar al canal pero se les seguirán pagando por su “trabajo” hasta el 15 de septiembre.
El periodista indicó que de los 45 empleados que trabajaban en la sección de noticias, 20 ya han sido despedidos de la misma manera: a través de un oficio entregado por Enrique Herrera, representante legal del canal, quien no les dice de dónde viene la orden.
Señaló, como reportamos etcétera con base en información de El Economista que durante la gestión de Cremoux a la conductora Laura Barrera (quien se ha posicionado a favor de la actual administración) se le han otorgado varias licitaciones por contratación directa, misma situación en la que se encuentra el yerno del director del Canal 22.
Como parte die su posicionamiento, adjudicaron que el inicio de este “desmantelamiento” comenzó cuando en noviembre del 2014, en el Encuentro Internacional de Televisoras Públicas, en Puebla, Raúl Cremoux apoyó abiertamente al gobernador Rafael Moreno Valle y a partir de ahí vinieron las acciones de recorte de personal.
Aunado a ello, la transmisión de una nota sobre el despido de Carmen Aristegui de Noticias MVS provocó la salida de personal que llevaba más de 10 años en la televisora, como Jacinto Silva. Posteriormente, se comenzó a despedir a los empleados que firmaban la carta en apoyo los periodistas.
Los ponentes exigen tres cosas: que el Canal 22 les permita ejercer su derecho de réplica en las condiciones que la ley establece, un debate público con el director, el dictamen de la Secretaría de la Función Pública quien ya analiza la gestión de la actual administración, y la intervención de Conaculta y la SEP para resolver el conflicto.
Precisaron que su batalla legal, que empieza hoy al levantar la denuncia ante la CNDH, tiene tres vertientes: derechos humanos, una supuesta violación a la liberta de expresión y un la resolución del conflicto laboral.
Los documentos y oficios con los que se sostienen sus acusaciones se encuentran en esta liga.
mahy
