La consulta que este viernes 23 de septiembre planteó el presidente para que la ciudadanía decida si quiere prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública es ilegal.
El artículo 35 de la Constitución mexicana precisa que “No podrán ser objeto de consulta popular (…) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, pero a Andrés Manuel López Obrador no le importa pisotear la ley una vez más.
Por eso esta semana se lanzó otra vez en contra los organismos autónomos y hoy, en un ataque directo al INE, propuso que la consulta ilegal la organice la Secretaría de Gobernación “porque nos van a pedir…”, como si el hecho de que la realice Segob no costaría ni un sólo peso. El objetivo presidencial es seguir restándole credibilidad a las instituciones que permanecen de pie, por ello su siguiente batalla es la reforma electoral.
Si los legisladores de oposición se mantienen firmes, el obradorismo no volverá a triunfar, sobre todo los senadores del PRI, los anti Alito, que este miércoles decidieron rechazar la reforma que Alejandro Moreno defendió tanto. Las presiones seguirán y los amagos también, pero en el Senado de la República se ha formado un bloque que podría ser el nuevo muro con el que se tope López Obrador.
Desde el Senado, Ricardo Monreal encabeza la integración de un grupo plural para redactar un nuevo dictamen de reformas a la Constitución que consensúen una opción real para enfrentar a la delincuencia, lo que hasta el día de hoy, con militares en las calles, el gobierno morenista no ha podido lograr.
De prosperar esta iniciativa significaría un duro golpe a Andrés Manuel, no sólo porque ya no se trataría de su capricho, sino porque su hechura estaría a cargo de la corcholata que ha despreciado, así como de las voces que ha evitado escuchar: la de los expertos que sí saben y las voces de la oposición.
