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La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) exigió al gobierno de Venezuela que termine con los hostigamientos a medios de comunicación y periodistas críticos por significar un deterioro en la libertad de expresión.
A través de un comunicado de prensa, la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión manifestaron que en los últimos meses han aumentado los casos de acoso judicial por parte de altos funcionarios del gobierno de ese país en contra de medios como El Nacional, Tal Cual, La Patilla y sus directivos.
De acuerdo con el documento, los ataques a los diarios y sus trabajadores se originaron después de que éstos reprodujeron un artículo publicado originalmente en el periódico ABC de España, donde se mostró una investigación de las autoridades estadounidenses sobre Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por presuntos nexos con el narcotráfico.
El 21 de abril de 2015 Cabello demandó a Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, Teodoro Petkoff, directivos de los diarios antes mencionados, por “difamación agravada continuada” en su contra. Cuatro días después el tribunal encargado decretó una medida de prohibición de salida del país para todos los demandados y estableció un régimen de presentación periódica en el tribunal.
De igual forma, los informadores han recibido ataques verbales y descalificaciones por parte de altos funcionarios del Estado, lo cual pone en riesgo el ejercicio de su profesión y oficio de comunicadores sociales.
“Otero, Petkoff y Ravell en diferentes ocasiones han sido descalificados y acusados de conspiradores a través de medios de comunicación públicos de amplia difusión por parte de Diosdado Cabello y el presidente Nicolás Maduro”.
Por tal razón, la Corte y la CIDH estableció que las declaraciones estigmatizantes efectuadas por los funcionarios contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en mayor riesgo, generar un clima de hostilidad, intolerancia y odio por parte de algunos sectores de la población.
Asimismo, agregó que es deber de los medios investigar y difundir información de interés público, pues en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales y criticar al gobierno, además, indicó que los periodistas tienen el derecho a difundir en su país información disponible en la prensa extranjera.
Desde septiembre de 2014 la Relatoría Especial hizo pública su preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, ante “la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos de medios de comunicación y periodistas críticos, procesos sancionatorios y despidos de comunicadores, así como presuntos bloqueos de la señal de Internet de medios de comunicación”.
La Comisión y la Relatoría Especial consideran que en el marco de un año electoral para las elecciones legislativas convocadas al 6 de diciembre de este año, resulta urgente el cese al hostigamiento verbal y judicial que restringen el libre flujo de ideas y opiniones.
“El conjunto de actos estatales dirigidos a cercar a los medios de comunicación con una línea informativa independiente o crítica con el gobierno resultan de especial preocupación y, a su vez, representan una amenaza muy significativa para el periodismo independiente y de investigación, para la libertad de expresión y para la libre circulación de la información que se encuentra disposición del público en Venezuela de cara a las elecciones”.
En este sentido, la Comisión hace un llamado al Estado de Venezuela para apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión con la finalidad de que se garantice a periodistas y medios de comunicación el derecho a ejercer su labor sin intervenciones indebidas.
slg
