El presidente colombiano, Juan Manuel Santos anunció este jueves que la fecha para firmar el acuerdo protocolario final de paz con las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC) será entre el 20 y 30 de septiembre (autoridades internacionales rumoran que será el 26 de este mes), por supuesto en Bogotá. Días antes desde La Habana, Cuba el mandatario reveló su deseo de sellar el proceso en el país.
Mariano Rajoy, presidente de España señaló en uno de los discursos de investidura que “estamos comprometidos con el planteamiento que ha llevado adelante el presidente Santos. He tenido la oportunidad de hablar con él el lunes para felicitarle por el acuerdo. Nos ha invitado a la firma del mismo, el próximo 26 de septiembre”. De ahí las fuertes sospechas de que la firma sea en la fecha que el español dejó escapar. A lo que Santos respondió: “Desde el principio se estableció que el pueblo iba a tener la última palabra. Firma del acuerdo será entre 20 y 30 de septiembre, no tenemos un día definido”.
Por otro lado, medios locales informaron que el representante a la cámara del Centro Democrático, Santiago Valencia González instauró una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá reclamando el cambio de la pregunta del plebiscito del 2 de octubre que tiene como fin avalar los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC . Según el congresista, la pregunta anunciada por Santos el martes pasado es tendenciosa y viola los derechos fundamentales de participación ciudadana.
“La pregunta formulada carece de todos los elementos que determinó la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-379 de 2016”, declaró Valencia. Además, el congresista solicitó que se suspenda la decisión del jefe de Estado de convocar el plebiscito hasta que se modifique la pregunta sobre la que deberán votar los colombianos.
Mientras que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) felicitó al gobierno por el acuerdo logrado y lo calificó como “un logro histórico para Colombia” y resaltó el hecho de que no se incluyan amnistías o indultos para los delitos de lesa humanidad o los crímenes de guerra.
“El anuncio del 24 de agosto de 2016 sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC es, sin lugar a dudas, un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años”, precisa el ente regulador en un comunicado.
Finalmente, y a través de un comunicado conjunto de las delegaciones de paz del gobierno y de las FARC, se informó que la Corte Europea de Derechos Humanos reemplazará al Papa (quien no aceptó la invitación) en el mecanismo que seleccionará los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
(Con información de El Tiempo y RCN Noticias)
cdr
