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Con la finalidad de controlar el aumento de violencia que vive El Salvador, el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
“La sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla (Barrio) 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”.
Según medios locales, la decisión se tomó con el objetivo de resolver las denuncias que existen por la crisis de seguridad que el país centroamericano vive desde 2007.
Dicha medida señala que los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de participación, independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole.
De acuerdo con un reporte de las autoridades salvadoreñas 220 personas fueron asesinadas en la tercer semana de agosto, donde el domingo 40 perdieron la vida, 42 el lunes y 43 el martes, convirtiendose así en la más sangrienta del siglo.
En este sentido, el Instituto de Medicina Legal del país apuntó en lo que va del 2015 más de tres mil 828 salvadoreños han muerto víctimas de la violencia, de los cuales la mayoría son civiles, 42 policías y 16 militares.
Estas cifras indican que diariamente se realizan un promedio de 16 homicidos, superando así las cifras de Honduras, quien en el primer semestre de este año registró dos mil 580 homicidios.
En este sentido, la policía nacional señaló que es el país más violento de la región, pues hasta el 17 de agosto de este año se han contabilizado tres mil 256 asesinaros, 14 por día, dichos crímenes son atribuidos en su mayoría a las pandillas que reúnen a 72 mil miembros, de los cuales 13 mil están encarcelados.
Por último, la Corte Suprema no dejo espacios en la sentencia para una tregua como la firmada en 2012, ya que explicó que resulta inadmisible tratar con delincuentes.
“Desde las bases del Estado Constitucional de Derecho, el uso de mecanismos para-jurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado, bajo las condiciones de reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios que no encajan en el marco normativo penitenciario que informa la finalidad de la pena, o a cambio de dejar sin efecto la vigencia y aplicación de la legislación penal”.
(Con información de BBC Mundo)
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