El anunciado envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera de México y Guatemala es “una fórmula para el abuso” contra familias y niños, aseguró el director adjunto de la División de las Américas de Humans Rights Watch, Daniel Wilkinson.
En comunicado de prensa publicado en el sitio web www.hrw.org, Wilkinson criticó duramente la medida, que forma parte del acuerdo que los gobiernos de México y Estados Unidos negociaron la semana pasada para evitar que se impusieran aranceles a las importaciones mexicanas.
“La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre”.
Dejó en claro que, en su opinión, la Guardia Nacional creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un riesgo para los derechos humanos, ya que es “una extensión de la militarización de la seguridad pública” que han llevado a cabo anteriores gobiernos bajo la excusa de combatir al narcotráfico.
“Los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a carteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos. Sin embargo, esta militarización de la fuerza pública solo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos”.
Consideró que existe un elevado riesgo de violación a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos debido a que este cuerpo de seguridad “estará conformado en gran parte por soldados y comandado por un general del Ejército que está actualmente en servicio”.
“Si el gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos”.
Es previsible que el despliegue de los elementos “termine resultando en graves abusos”, afirmó. Esto, “dados los deplorables antecedentes de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años, especialmente del Ejército”.
