Recomendamos: “Hay indicios significativos para que autoridades brasileñas, incluido Bolsonaro, sean investigadas por genocidio”

Compartir

Cuando Gilmar Mendes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, relacionó la palabra “genocidio” con la actuación del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la covid-19, el debate entró en la agenda por la puerta grande. No solo en Brasil, sino en el mundo. Las denuncias de genocidio realizadas por los pueblos indígenas y la población negra contra el Gobierno actual no son nuevas. En general, se tratan como evocaciones subalternas, de la misma forma subalterna como han sido tratadas estas poblaciones históricamente por las élites brasileñas. Al salir de la boca togada de un magistrado del Supremo, la palabra adquirió otra densidad. Y, principalmente, se instaló. Ya no es una palabra fantasma, que cuando se pronuncia nada se mueve. El genocidio, en la boca de Gilmar Mendes, dejó de ser una carta deliberadamente extraviada y llegó a su destino.

El 11 de julio, el magistrado afirmó en un debate en línea: “Ya no podemos tolerar la situación del Ministerio de Sanidad. Este vacío es inaceptable. Incluso se puede decir que la estrategia es quitarle protagonismo al Gobierno federal, es atribuirle la responsabilidad a los Estados y Ayuntamientos. Si esa es la intención, hay que hacer algo. Es pésimo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto”.

Generales como el vicepresidente Hamilton Mourão y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que no solo pertenecen y representan al Gobierno de Bolsonaro, sino que también lo apoyan y lo legitiman, se alborotaron porque sintieron el riesgo real de, en algún momento del futuro próximo, ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Incluso entre quienes no apoyan a Bolsonaro, se han utilizado términos como “hipérbole”, “exageración” y “banalización” para reducir la potencia de la declaración del magistrado. Pero la palabra, que finalmente se ha encarnado, permanece activa.

La extrema gravedad del genocidio —y de los otros crímenes de lesa humanidad— exige precisamente que el tema se debata con la mayor seriedad, evitando que sea capturado por la polarización o por las conveniencias políticas de ocasión. La muerte de miles de personas de covid-19 —ya son más de 80.000, incluso con el reconocido infrarregistro— urge que se debata con responsabilidad: ¿hay o no hay indicios de que el presidente de la República y otras autoridades brasileñas hayan cometido genocidio en su actuación ante la covid-19?

Para responder a esta pregunta crucial, entrevisté a la jurista Deisy Ventura, coordinadora del doctorado en Salud Global y Sostenibilidad de la Universidad de São Paulo. Autora del libro Direito e saúde global – o caso da pandemia de gripe A – H1N1 (Derecho y salud global: el caso de la pandemia de gripe A – H1N1), Ventura es una de las autoridades más respetadas en el estudio de la relación entre pandemias y derecho internacional. También tiene un máster en Derecho Europeo, un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de París 1 y fue profesora invitada en el Instituto de Estudios Políticos de París, el prestigioso Sciences-Po.

Desde que comenzó la pandemia, es una de las articuladoras del proyecto Derechos en la Pandemia, que lleva a cabo el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Sanitarios de la Universidad de São Paulo y la organización Conectas Derechos Humanos. Todos los actos y las leyes brasileñas sobre la covid-19 se recopilan y clasifican según el impacto que generan en los derechos humanos. Para ello, la jurista monitorea diaria y permanente el Diario Oficial de la Unión, donde suceden muchas cosas sin que la mayoría de los brasileños se den cuenta.

Ya no estamos en el siglo XX, cuando se creó el concepto de genocidio a partir de la necesidad de nombrar el crimen que el nazismo perpetró contra los judíos. El siglo XXI no es solo una convención temporal, ha traído nuevos desafíos, como enfrentar pandemias y la emergencia climática. Hace solo unos años, Ventura, entonces profesora de Derecho Internacional en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo, necesitaba explicar constantemente por qué había elegido estudiar una pandemia en el contexto del derecho internacional. Hoy ya no tiene que explicarlo. Lo comprenden inmediatamente.

En esta entrevista, realizada el lunes por teléfono a lo largo de dos horas, Deisy Ventura explica por qué hay suficientes elementos para investigar al presidente Jair Bolsonaro, así como a otros funcionarios del Gobierno, por crímenes de lesa humanidad, tanto en la Corte Penal Internacional como en la justicia brasileña. También explica por qué es esencial para el futuro de Brasil que tenga lugar este debate.

La declaración del magistrado del Supremo, Gilmar Mendes, en la que advertía que los militares podrían estar asociándose con un genocidio —refiriéndose a la forma en que el Gobierno brasileño estaba tratando la pandemia de covid-19— produjo varias reacciones. Algunos juristas e intelectuales afirmaron rápidamente que se había “banalizado” el concepto de genocidio. ¿Se banalizó?

Se está banalizando la palabra genocidio, pero no en este caso. El magistrado Gilmar Mendes dijo que el Ejército se estaba asociando con un genocidio, refiriéndose a la actuación del Gobierno brasileño ante la pandemia. En ese momento, ya había 70.000 muertes. Es muy importante que un miembro del Supremo Tribunal Federal, conocido por ser políticamente conservador, utilice esta palabra, porque sin duda no la utilizó por casualidad. Es alguien que conoce el concepto de genocidio, conoce el derecho y no es nuevo en el mundo jurídico ni en el político. Es importante no solo por haberla pronunciado un magistrado, sino también por la percepción internacional de ese discurso. La diplomacia brasileña, desde el año pasado, habría recibido la clara directriz de frenar la utilización de este término. Se advierte que no hay que difundir en el extranjero que se está produciendo un genocidio en Brasil. De esta forma, cada vez que se pronuncia o escribe la palabra en relación con Brasil, la diplomacia reacciona. Desafortunadamente, en general descalifican a quienes han hecho la declaración y la caracterizan como banal. Hasta entonces, el genocidio estaba asociado con la población indígena y no se lo relacionaba con la pandemia. Ahora, con el discurso del magistrado, hemos alcanzado otro nivel y necesitamos discutir este tema con mucha serenidad. No podemos hablar sobre genocidio de manera polarizada y vulgar. Ha llegado el momento de hablar sobre el genocidio fuera de la brecha de la banalización. No es solo un grito de los más débiles para llamar la atención. Ahora nos enfrentamos a indicios muy significativos de que se está produciendo un genocidio en Brasil.

¿Y cuáles son estos indicios?

Primero, debo decir que, en lo que respecta a la población en general, creo que existe el delito de exterminio: artículo séptimo, letra b, del Estatuto de Roma. También es un crimen de lesa humanidad. Y, en el caso específico de los pueblos indígenas, opino que puede caracterizarse como genocidio, el más grave de los crímenes de lesa humanidad. El crimen de exterminio es la imposición intencional de condiciones de vida que pueden causar la destrucción de parte de una población. Lo que llama la atención, en este caso, es que el ejemplo que se utiliza en el texto del Estatuto de Roma es precisamente el de la privación del acceso a alimentos o medicinas. Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno federal ha asumido el comportamiento que todavía tiene hoy: por un lado, el negacionismo con relación a la enfermedad y, por otro, una acción objetiva contra los Gobiernos locales que intentan dar una respuesta efectiva a la enfermedad, contra aquellos que intentan controlar la propagación y el avance de la covid-19. Y, desde el principio, he dicho que esta política es de exterminio. ¿Por qué? Porque los estudios nos muestran que las poblaciones más afectadas son las poblaciones negras, las más pobres, las más vulnerables, entre las que se encuentran los ancianos y las personas con comorbilidades. Y, desafortunadamente, ha sucedido lo que habíamos predicho. A pesar del infrarregistro —que es consensual, ya que todos están de acuerdo en que hay más casos en Brasil de los que se reconocen—, el volumen es impresionante y hay un perfil muy claro de las personas a quienes les afecta más la enfermedad. Tanto en el genocidio de la población indígena como en lo que, en mi opinión, es una política de exterminio referente a la actuación ante la pandemia, veo claramente una intencionalidad.

La intencionalidad es esencial para determinar la autoría tanto del genocidio como del exterminio. Pero hay juristas experimentados que defienden que sería difícil demostrar la intencionalidad en el caso de la actuación del Gobierno brasileño ante la pandemia

Hay personas por quienes tengo el mayor respeto y que conocen el sistema penal internacional que piensan que no se trata de un crimen de genocidio u otro crimen de lesa humanidad, sino que sería una política fallida del Estado brasileño. En esta interpretación, el Gobierno de Brasil habría fracasado a la hora de combatir la pandemia. Simplemente sería una respuesta ineficiente. Y los tribunales internacionales no juzgan políticas, juzgan a las personas que cometen delitos. Por lo tanto, solo podríamos quejarnos ante el sistema interamericano de derechos humanos u otras instancias de monitoreo del cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Yo no pienso así. Veo una intención clara.

¿Cómo se expresa esta intención, en su opinión?

En la definición de los crímenes de lesa humanidad se establece que tiene que haber un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Estos dos elementos son muy importantes. Algunas personas también dicen que la Corte Penal Internacional sería solo para conflictos armados. No es verdad. El estatuto está clarísimo. No tiene que haber una guerra o un conflicto armado para que se cometa un crimen de lesa humanidad. Es más: según el estatuto, incluso el intento de genocidio es punible. Ni siquiera es necesario que se haya consumado. Del mismo modo, la incitación al genocidio también se castiga. Se castiga la incitación, se castiga el intento. Tenemos que analizar con gran serenidad lo que ha estado sucediendo en Brasil. Yo afirmo que no se trata, ni de lejos, de una política fallida para combatir la covid-19. Ni de lejos. El Gobierno actúa de una manera muy clara contra la salud pública. No solo difunde información falsa sobre la enfermedad y, por lo tanto, difunde el negacionismo, sino que también ha creado un conjunto de acciones, incluso por vía legislativa, para obstaculizar las medidas para combatir y prevenir la covid-19 que otros poderes habían tomado. Aquí se configuran todos los elementos: ataques sistemáticos y la intención de someter a una parte importante de la población brasileña a condiciones de vida que pueden implicar su destrucción.

 Entonces, ¿por qué algunos juristas respetables son, digamos, tan cautelosos?

 Es evidente que la Corte Penal Internacional nunca se ha enfrentado a una situación como la que estamos viviendo en Brasil. Por lo tanto, es natural que algunos juristas, por mayor que sea su experiencia y su valor, digan que nunca han tratado una cuestión como esta. Nunca hemos vivido una pandemia de este alcance en la contemporaneidad, con una asistencia sanitaria universal con medios para responder de manera eficiente, y el Gobierno federal ha decidido no responder. Muchas personas son grandes estudiosos del derecho penal internacional, pero quizás no han estudiado más de cerca lo que el Gobierno brasileño ha estado haciendo con relación a la covid-19. Una cosa es seguir las falsas polémicas, y también las verdaderas, en esta forma de hacer política en Brasil actualmente, donde lo falso se mezcla con lo verdadero. El presidente de la República es un agitador de extrema derecha y el movimiento que lo llevó al poder busca de forma ostensiva hacer del Estado brasileño una extensión de su aparato partidario. Los órganos del Estado, como la propia Secretaría de Comunicación, según el Poder Judicial, han intentado llevar a cabo campañas que incitan a la población a levantarse contra las autoridades. El presidente de la República incluso sugirió que sus seguidores invadieran los hospitales para fotografiarlos y “probar” la tesis conspirativa de que la covid-19 no era tan grave ni se había extendido hasta ese punto. Es mucho más que una omisión. Tenemos una acción intencional clara y también de carácter sistemático. Una cosa es seguir las declaraciones del Gobierno a través de los directos [de las redes sociales] y la prensa, seguir estas ofensas, así como el desprecio por el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por la covid-19. Pero además de este circo de mentiras y distorsiones, también tenemos que leer el Diario Oficial para comprender qué sucede detrás de la cortina de humo. Al leerlo, vemos como se suman las evidencias clarísimas de esta intencionalidad. No son solo los discursos del presidente, sino una sucesión de actos que demuestran una intención clara y un ataque sistemático a los intentos de controlar la propagación de la enfermedad. Por eso, en mi opinión, existe una política de exterminio en curso.

Ver más en El País

Autor