La difusión de imágenes sexuales sin consentimiento va más rápido que la ley en muchos países del continente. Un estudio analiza cómo esta práctica criminaliza a las mujeres en la mayoría de los casos
Desiré Luzinda era en 2014 una de las cantantes más populares de Uganda, cuando un exnovio enfadado publicó unas fotos íntimas de la artista en las que aparecía desnuda. No solo no tuvo herramientas legales para denunciarlo, sino que el ministro de Ética e Integridad, Simon Lokodo, declaró que la artista “debería ser encerrada y aislada“. El político añadió que se debería abrir una investigación contra Luzinda en base a la ley antipornográfica aprobada un año antes para perseguir este tipo de “comportamientos indecentes”.
Luzinda nunca fue encarcelada y su popularidad incluso aumentó tras la publicación de las imágenes. La cantante consiguió ser perdonada por la sociedad tras pasar un tiempo literalmente escondida y emitir un mensaje público de perdón por sus actos. Su caso está recogido en un estudio realizado por una investigadora noruega y otra de Malawi y publicado por la revista Nature sobre el llamado porno de venganza. “¿Qué pasa con las que no son estrellas del pop? ¿Hay alguna oportunidad de redención para ellas?”, se preguntan en el texto.
Sarai Chisala-Tempelhoff, investigadora y presidenta de la asociación de mujeres abogadas de Malawi es una de las autoras. “La sociedad no concibe esta práctica como un modo de violencia, o al menos no lo suficiente. Tienden a pensar que la mujer que se ha dejado grabar así es estúpida por haberlo permitido y no reciben apoyo”, explica por teléfono Chisala, quien cuenta que comenzó a interesarse más intensamente por este asunto cuando la vida de una amiga de su madre quedó “destruida” por la publicación de unas imágenes íntimas, hasta el punto que tuvo que abandonar el país. “Estaba casada con un hombre importante y tuvo un amante que la traicionó. Toda la sociedad se le echó encima y su vida en Malawi acabó”, explica. “Muchas de las leyes sobre obscenidad se han usado tradicionalmente en África Subsahariana para que la víctima sea considerada cómplice criminal en el acto que la perjudicó”, apuntan las expertas en las conclusiones del estudio.
Las represalias llegan también en el caso de los hombres, aunque la condena social a la que se enfrentan suele ser menor. Otro de los casos recogidos en el estudio ocurrió en Malawi en 2008. Un prominente empresario del país y una empleada de una gran firma se registraron en plenas artes amatorias. Ambos estaban casados y no entre ellos. Unos meses después, el ordenador en el que el hombre había guardado el material se averió y el informático lo encontró y lo distribuyó vía mail. Él decidió abandonar el país y el apellido de ella se emplea desde entonces en el argot de la calle para hablar de pornografía. El tema ocupó la primera página de los periódicos del país, los dos fueron despedidos, se divorciaron y “si tecleas sus nombres en Google, 10 años después, siguen apareciendo mirando a cámara sonrientes y apenas vestidos”.
Lillian Nalwoga, presidenta de la Internet Society (organización que promueve el uso responsable de Internet en el mundo) de Uganda explica en un mail: “Cuando apareces en uno de estos vídeos, se te considera menos mujer y eres condenada por la sociedad. Hay esfuerzos de las defensoras de derechos para exigir a las autoridades que dejen de criminalizar a las víctimas, al tiempo que conciencian sobre esta nueva forma de violencia machista”.
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