Por secuestro, José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue condenado a 92 años de prisión, aunque fue exonerado del delito de delincuencia organizada.
Este miércoles Latinus informó que el pasado 12 de mayo Samuel Ventura, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, dictó su sentencia sobre Abarca: condena a 92 años y seis meses de prisión, así como una multa de 920 mil 700 pesos, por el delito de secuestro cometido en 2013 en contra de siete personas: Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, quienes militaban en la organización local Movimiento Campesino Unidad Popular.
La desaparición de estas personas fue perpetrada el 30 de mayo de 2013, cuando Hernández Cardona y sus compañeros de Unidad Popular desaparecieron prácticamente después de haber presentado una denuncia contra Abarca, su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de Felipe Flores Velázquez, quien era secretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala. Días después fue encontrado el cadáver de Hernández Cardona y dos más de sus compañeros, quienes fueron víctimas de violencia antes de ser ultimados.
Sin embargo, a Abarca se le absolvió del delito de delincuencia organizada, debido a que el juez consideró que no se acreditó la existencia de la banda llamada Guerreros Unidos, por lo que tampoco se pudo comprobar relación de Abarca con ella. Por ello se le ha absuelto del caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en septiemb re de 2014.
La sentencia aún puede ser impugnada tanto por la Fiscalía General de la República, que lo podrá hacer por el delito de delincuencia organizada, como por la defensa del exalcalde de Iguala, que alega, por ejemplo, que el secuestro no se ha acreditado porque no hay prueba de solicitud de rescate, que el testigo que afirmó haber visto a Abarca en el lugar de los hechos presentó su declaración más de un años después y que el juez cambió de criterio.
