En respuesta a los dichos desde la cúpula del poder político, trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial afirmaron que su paro de labores es legal, que se sigue trabajando y que el Ejecutivo no tiene competencia para quitarles salarios.
Como una sola voz, tanto el presidente Andrés Manuel como la presidenta electa Claudia Sheinbaum, han asegurado que la “huelga” del Poder Judicial está por fuera de la normatividad, a lo que representantes de los inconformes corrigieron al decir que no es huelga, sino paro o suspensión de actividades, y que se sigue trabajando en asuntos urgentes.
De acuerdo con reportes del diario El Universal, los trabajadores aseguran que no cederán en sus demandas de que el gobierno retire su intención de imponer la elección por voto de jueces, magistrados y ministros.
Ayer el diario difundió una solicitud hecha por la Secretaría de Hacienda al Consejo de la Judicatura de dejar de pagar salarios y despedir a quienes están en paro. Un día antes, AMLO dijo que la huelga era “ilegal” y Sheinbaum aseguró que en las huelgas “los trabajadores no cobran” y que además los jueces no se consideran trabajadores por lo que no deben devengar salarios.
El presidente también ha dicho que no se afectarán los derechos laborales de ningún trabajador, pero de acuerdo con el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, “el mandatario dijo que cuando se publique su ley van a despedir a 45 mil empleados del Consejo de la Judicatura Federal”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador es el autor material de las injurias que estamos viviendo los juzgadores, y sus subordinados son los autores materiales, esos actores políticos que despedirán de manera injusta a 45 mil empleados y hoy amenazan con despidos o dejarnos sin sueldo. Nuestro trabajo es valiente y sus amenazas no nos van a tambalear”, dijo el magistrado al diario.
“Nos parece redundante el hecho de que se quiera aplicar la ley para reprimir a trabajadores que ejercen su libre derecho a manifestarse, pero no la apliquen para evitar que se nos afecte como se planea con la reforma; es una incongruencia que demuestra que los actores políticos responsables de esta decisión tienen algo personal en contra del PJF”.
Por su parte, el secretario del sindicato del PJ, Juan Alberto Prado, dijo que ningún ente del Poder Ejecutivo tiene competencia para intervenir en asuntos del Poder Judicial y que la petición de Hacienda de quitar salarios y despedir trabajadores tiene la finalidad de amenazar e intimidar.
Para retirar salarios tendría que ser el Consejo de la Judicatura el que lo determine, y el presupuesto para los sueldos ya está entregado desde inicios de año.
Desde el inicio del paro de labores los juzgadores y trabajadores han difundido que se sigue trabajando en los asuntos de más urgente resolución y que hay guardias asignadas, por lo que la impartición de justicia no se detiene.
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