El pleno anterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó licencias a 49 altos funcionarios en condiciones de privilegio que, de acuerdo con especialistas, son impensables para los trabajadores de a pie.
De acuerdo con un reportaje de El Universal, a Alejandra Martínez Verástegui, quien fungía como directora del Centro de Estudios Constitucionales, se le otorgó una licencia con goce de sueldo, argumentando “asuntos personales graves” por un periodo de seis meses, de agosto de 2025 a febrero de 2026, en los que cobró alrededor de 740 mil pesos sin trabajar.
La licencia se “blindó” utilizando el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Judicial de 2024, con la finalidad de asegurar el pago a los funcionarios beneficiados, incluso en el periodo de transición institucional.
Según la documentación consultada, a la par del otorgamiento de la licencia, se aprobó que la plaza asignada a Martínez Verástegui fuera cubierta por un interinato, es decir, había doble erogación de recursos por la misma plaza. Estos movimientos fueron autorizados por el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN, en ese entonces integrado por los ministros Norma Piña, Jorge Pardo y Javier Laynez.
El caso no es aislado; existen por lo menos otros 48 casos de licencias similares que fueron otorgadas entre 2019 y 2025, es decir, tanto en las presidencias de Arturo Zaldívar como en la de Norma Piña. Pero por el momento no es posible profundizar en los detalles sobre los beneficiados por estas licencias con condiciones de privilegio y el monto erogado en ellas, porque el Comité de Transparencia de la SCJN clasificó la información como reservada, dado que contiene “datos personales sensibles”. Dicho criterio de confidencialidad no ha sido modificado en la nueva era de la SCJN.
Consultado por El Universal, el politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, este tipo de procedimientos refuerzan la narrativa que motivó la reforma judicial, respecto a los privilegios para unos cuantos, que son inalcanzables para el trabajador promedio. A ello se suma la opacidad sobre estas licencias, amparadas en la “confidencialidad”, ya que impiden conocer cuántos recursos públicos se destinaron y saber si los “asuntos personales graves” realmente se justificaban o solo se recurrió a ese argumento para que algunos funcionarios se enriquecieran.
“Todos estos permisos y beneficios que otorgan en el Poder Judicial son inalcanzables para la mayoría de la ciudadanía, dan una licencia de seis meses con goce de sueldo y además pagando un monto tan superior cuando en un trabajo normal mucha gente no tiene ese permiso ni siquiera un mes de no ir a trabajar y que le sigan pagando. Habla de esta disparidad en el país y de la realidad mexicana”, expuso el académico.
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