La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los legisladores del Congreso de la Unión para que aprueben la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario, cuyos criterios coinciden con la recomendación que emitió el pasado 6 de noviembre.
En la recomendación general 23, la CNDH manifiestó la necesidad de adecuar en todo México los ordenamientos en materia civil o familiar para permitir el acceso al matrimonio de todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación en términos del quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Política.
Además del legislativo federal, Derechos Humanos también pidió a los diputados de los 32 congresos estatales del país autorizar en sus constituciones el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Los gobiernos de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas constestaron a esta institución autónoma que analizarán la posibilidad de modificar sus códigos civiles y familiares a fin de permitir el matrimonio igualitario.
Entre los criterios que emitió la CNDH y que concuerdan con los de la iniciativa presentada hace dos días por Enrique Peña Nieto, destacan la orientación sexual como un factor inaceptable para diferenciar el acceso al derecho de protección a la familia.
Otro es evitar la imposición del deber de procrear o perpetuar la especie como fin del matrimonio, pues contraviene el derecho de autodeterminación de la personal y al libre desarrollo de la personalidad.
Al respecto, en junio del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no existe razón constitucional para que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no sea reconocido por la ley.
Actualmente la reforma constitucional al Código Civil Federal -que también contempla el derecho a adoptar hijos por parejas del mismo sexo- fue turnada por la Comisión Permanente a la Cámara de Diputados.
Los obstáculos que enfrentarían ambos dictámenes serían la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Consejo Mexicano de la Familia, un grupo de al menos 20 senadores que anteriormente echaron abajo cambios de ley a favor de la comunidad lésbico gay.
De acuerdo a un reporte del diario Excélsior, los panistas José María Martínez, Víctor Hermosillo, Jorge Luis Preciado y Mariana Gómez del Campo son las voces más destacables de este bloque de senadores que se niegan a otorgar derecho de matrimonio y adopción a las parejas homosexuales.
El año pasado impulsaron y lograron retirar de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes los artículos que hacían referencia al derecho de los niños con preferencias sexuales diferentes a ser respetados.
