Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es primordial que el gobierno retome el debate sobre las drogas. Particularmente para determinar sus efectos nocivos como los usos útiles que podrían tener el ámbito científico y de la salud, sobre aquellas sustancias como la cannabis, que tiene o pude tener usos medicinales.
En el marco del simposio “Drogas y Criminalidad”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo este día que llegó el momento de retomar la discusión sobre las drogas de manera responsable, honesta, objetiva, informada, plural, incluyente, y con sustento de evidencia científica.
Consideró que el consumo de las drogas no debe ser criminalizado, pues sostuvo que “la cárcel o la estigmatización social no son las respuestas que resolverán este problema”.
En ese sentido dijo que el problema de las drogas debe atenderse como un problema de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas. “Su foco de atención deben ser las personas. Si bien es cierto que el consumo de drogas se encuentra de cierto modo permitido, su sujeción a requisitos y modalidades muy estrictas con frecuencia acaba criminalizando al consumidor”.
El Ombudsman se pronunció porque la atención de las adicciones esté centrada en la prevención, diagnóstico temprano, opciones de tratamiento oportuno, y la reincorporación social. Además señaló que las adiciones deben atenderse mediante un cuerpo que coordine acciones de prevención, salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia e inserción social.
De igual forma subrayó la importancias en que las “dependencias gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, tengan una política transversal para atender integralmente las adicciones y los problemas derivados del crimen organizado”.
Por ello argumentó que un “Estado democrático no puede permitir que existan esferas de su actividad, incluida la persecución de los delitos, que no estén sustentadas en una perspectiva centrada en los derechos humanos o que pudieran propiciar, directa o indirectamente, violaciones a los mismos”.
Es así como destacó la necesidad de contar con más profesionales especializados en el ámbito de las drogas que en conjunto logren diseñar mejores planes tanto para la prevención como reacción.
El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente, Ricardo Anaya, también manifestó este día en otro evento, su interés por ampliar el debate para despenalizar el consumo de la marihuana, por un lado porque la prohibición genera violencia, crimen organizado y lavado de dinero, y por el otro ya que "la despenalización puede llevar a problemas de consumo elevado y por lo tanto de salud pública".
Otro de los partidos que también se ha sumado a la iniciativa, es el de la Revolución Democrática (PRD), pero entre sus integrantes más jóvenes, que son quienes promueven desde hace meses cambios a la Constitución.
De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 28 de octubre la legalización de la marihuana para fines recreativos. Arturo Zaldívar, el ministro que elaboró el proyecto, argumenta que no hay razón para prohibir el consumo recreativo de la marihuana, en primer lugar, porque ésta debe ser una decisión personal, y en segundo, porque no hay estudios que respalden que dicha planta genere un daño mayor a otro tipo de sustancias (como el alcohol y el tabaco), o que provoque en los individuos comportamientos delictivos.
ahea
