El apagón analógico trata de políticas públicas fallidas, no de la calidad de los contenidos de la televisión (por muy criticables que éstos sean). También trata de al menos ocho millones de personas que podrían quedarse sin la señal de televisión abierta debido a una estrategia errática que inició con el presidente Fox y que llega hasta nuestros días con un reparto insuficiente y clientelar de televisores. Esto no trata de visiones paternalistas que determinen qué sí y que no deben ver los ciudadanos. Alude a derechos de los usuarios a consumir lo que les de la gana, y también remite a la pluralidad de los contenidos, pues por lo menos 33 televisoras públicas no tienen la infraestructura ni los recursos para arribar a buen puerto el 1 de enero de 2016.
El fracaso de la transición afecta a los sectores menos favorecidos y a los medios de comunicación marginales, en contraste, beneficia a las televisoras comerciales porque éstas sí tienen los recursos para enfrentar el apagón, porque su sistema de televisión de paga se ve fortalecido y porque sus contenidos serán aún más consolidados en el país.
