Los primeros días de funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han estado llenos de confusiones, contradicciones y falta de coordinación al interior del gobierno, lo que da muestra de las prisas y de la improvisación con la que se ha implementado el nuevo sistema. Basten algunos ejemplos para dar cuenta de ello.
El pasado lunes 6 de enero entró en vigor el Insabi, y casi de inmediato se produjeron las primeras muestras de inconformidad por los servicios que se brindan en varios hospitales. En un primer momento, los reclamos más visibles fue el aumento de cuotas en centros públicos de salud. Ante las denuncias, la Secretaría de Salud tuvo que emitir un comunicado el martes 7 de enero, en el que aclaraba que, incluso basada en un par de leyes, en el tercer nivel de servicios médicos sí se cobrarían cuotas.
En efecto, el comunicado dice que “los Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales están sujetos a obtener cuotas de recuperación para la prestación de servicios de tercer nivel”, aunque “se respetarán los derechos de las personas que a la entrada en vigor del decreto cuenten con afiliación vigente al Sistema de Protección Social en Salud”.
Agrega que “no se han incrementado los tabuladores de cuotas de recuperación para el ejercicio fiscal 2020”.
También aclara que el Insabi ofrece servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para las personas que carecen de seguridad social.
Sin embargo, apenas un día después por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo otra afirmación: con el Insabi se proporcionará atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.
Dijo que el flamante instituto no cobrará cuotas de recuperación en todo el país, porque “nosotros lo que queremos es crear un sistema de salud pública de primera y gratuito porque la salud y la educación no son privilegios, son derechos”.
Añadió que en el país el 60 por ciento de la población, “la más pobre, la más necesitada”, no cuenta con seguridad social. El propósito con el Insabi “es que todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad porque no se resuelve por decreto”.
Y remató: “El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos”. De esa forma, “la gente no debe de preocuparse. Si estaba inscrita en el Seguro Popular, va a seguir recibiendo servicio médico. Para eso es este plan”.
Un reportero le tuvo que mencionar que la Secretaría de Salud había aclarado que se cobrarían cuotas en hospitales de alta especialidad, ante lo cual el presidente, que no había mencionado el asunto, no le quedó más que aceptarlo y justificar: “Tenemos que ir resolviendo lo de las llamadas cuotas de recuperación porque, en efecto, eso impide que el servicio sea gratuito. Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo”.
Cuando le mencionaron otros abusos, el presidente acudió a su caballito de batalla: combate a la corrupción. Y sobre el aumento a cuotas por servicios, pidió a todos los ciudadanos “que me traigan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos. A ver: dónde, quién lo hizo, o sea…”.
Entonces le aclararon que en el Hospital General de México. López Obrador pidió mayores datos (los que no aporta él casi nunca cuando habla de corrupción): “Sí, Hospital General de México, pero eso es una abstracción. O sea, necesitamos nombre, quién fue el que padeció de este abuso. Que nos ayuden, porque ahora le van a dar mucho vuelo a todas estas denuncias. Es natural, no quieren que se terminen con estas lacras. Entonces, necesitamos todos ayudar”.
Así, el mismo día la directora del Hospital General de México, Guadalupe Guerrero, tuvo que salir a aceptar públicamente que sí hubo incrementos a las cuotas de los servicios, y que estaban vigentes desde el 2 de enero. No sólo eso, sino que dijo que desde marzo de 2019 habían solicitado a la Secretaría de Hacienda que las cuotas fueran actualizadas, debido a que se mantenían las de 2015. Hacienda respondió hasta el 30 de diciembre y ordenó empezar a aplicar nuevas cuotas a partir del pasado 2 de enero. Fue lo que se hizo y lo que originó los reclamos de los usuarios del servicio, y lo que solicitó denunciar el presidente.
Debido a las denuncias, Guerrero tuvo que anunciar que “se nos pidió que suspendiéramos esta medida hasta que se homologuen las cuotas de recuperación de todos los hospitales de tercer nivel. Vamos a volver a las cuotas de 2015 y las actualizaremos en cuanto tengamos la indicación del secretario de Salud y del coordinador de los institutos”.
Además, la directora del Hospital General de México se comprometió a hacer rembolsos, los cuales ha empezado a realizar.
Asimismo, ante las denuncias por el aumento en cuotas, hoy el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, proporcionó un teléfono, 800-767-85-27, y un correo electrónico, atencioninsabi@salud.gob.mx, para presentar quejas.
Sin embargo, los medios de comunicación se intentaron comunicar al número proporcionado, por una parte Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez desde su programa radiofónico, y por otro Animal Político. ¿La respuesta? Nula. En ambos casos contestó una grabadora, se anuncia un menú y, al marcar el número de quejas y denuncias, se suspende.
Ante la información de que el número telefónico que dio no sirve, Ferrer dijo que la línea estaba saturada y que revisaría el problema con las línea s de atención. Recomendó que, mientras tanto, podría usarse el correo electrónico.
Por si fuera poco hoy, durante la visita de López Obrador a Chihuahua, el gobernador Javier Corral dijo que apenas hace 48 horas se le hicieron llegar las propuestas para firmar el convenio que sumaría su estado al Insabi.
Y así va el Insabi…
