El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo será el encargado de revisar si Proceso puede tener el carácter de víctima en el caso del asesinato de la reportera Regina Martínez, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó dar trámite al amparo solicitado por el semanario.
Este viernes el director de Proceso, Jorge Carrasco, ofreció una conferencia de prensa en el que se refirió al amparo solicitado por la revista por el asesinato de su reportera Regima Martínez, perpetrado el 28 de abril de 2012 en Xalapa, Veracruz.
Según información del propio semanario, desde octubre de 2022 se le negó el carácter de víctima debido a que sólo se le reconoció una relación laboral con Martínez y que, pese al crimen, la empresa continuó laborando. Por el contrario, la publicación ha argumentado que el perjuicio fue que la periodista ya no pudo colaborar con ella.
Sin embargo, ahora Carrasco informó que la SCJN admitió su amparo y que el asunto ha pasado a la ponencia del ministro Pardo Rebolledo.
El periodista expuso que ahora la SCJN puede “ver que lo que sucede con un periodista en lo individual afecta a la empresa para la que trabajaba y a la sociedad en general. Si se mantiene esa visión tan estrecha de que las afectaciones solamente son individuales, no vamos a poder avanzar en derribar este muro enorme de impunidad que se ha creado en torno a los asesinatos de los periodistas en México”.
También manifestó su posición crítica frente a la actuación de las autoridades para aclarar el crimen contra la reportera, por lo que también pidió que sean investigados todos los involucrados en las investigaciones.
Por otra parte, también este viernes se informó que Christian Adán Velázquez, alias “el Cabo 16”, uno de los autores intelectuales del asesinato del fotorreportero Margarito Martínez, ocurrido el 17 de enero de 2022, solicitó la ampliación del plazo para definir si acepta el procedimiento abreviado por el cual recibiría una pena de 25 años de prisión, o si va a juicio, del que podría obtener una sentencia hasta por 50 años de cárcel.