El director ejecutivo del Institute for Global Health Sciences de la Universidad de California, Jaime Sepúlveda, afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implementó una gestión de bajos costos financieros e intervención mínima para el manejo de la pandemia, lo que derivó en una tragedia que pudo evitarse. “Miles de muertes eran evitables”, dijo.
Mientras la actual administración ha criticado la privatización y el neoliberalismo, en los hechos la gestión de la pandemia ha significado “la privatización de una emergencia pública”, ya que el sector público no respondió, tuvo elevadas tasas de mortalidad y la mejor gestión se dio desde el sector privado, manifestó, en entrevista con el diario Reforma.
Se dejó “al mejor postor el manejo de la pandemia, a los gobiernos locales, estatales, a la sociedad civil. Efectivamente, eso es una privatización de una emergencia pública”.
Criticó también el “autoritarismo” y la “sordera” que han mostrado las autoridades mexicanas para abordar la pandemia.
“Nadie tiene el monopolio de la verdad y cuando se centra en una o dos personas la totalidad de las decisiones se cae en un autoritarismo, en una sordera, que parecería no estar dispuesta a escuchar otras voces expertas bien intencionadas. Hay que hacerle caso a la ciencia, no demagógica ni discursivamente, sino en la realidad, y corregir el rumbo”.
Sepúlveda es uno de los autores del estudio que durante esta semana ha provocado un gran impacto mediático: La respuesta de México ante la COVID-19, un caso de estudio, que hace la tajante afirmación de que si el gobierno se hubiera conducido adecuadamente, ni siquiera de manera perfecta, sino como “un país promedio”, pudo haber evitado 190 mil muertes.
El estudio también señala que la mayor tasa de mortalidad de pacientes se encuentra en el sector público. En el IMSS, más de 50% de los pacientes de COVID-19 murieron. En el ISSSTE el porcentaje supera 30%. En el sector privado llega a 20%. Es decir, que en el sector privado la tasa de sobrevivencia de pacientes es de 80%.
Sepúlveda afirmó que el gobierno de AMLO se limitó a aumentar camas disponibles, pero no se incrementó proporcionalmente la cantidad de personal debidamente capacitado, por lo que la disponibilidad de camas no sirvió.
Se recordará que uno de los criterios mediante los que se establece el color del “semáforo epidemiológico” en las entidades del país es la cantidad de camas disponibles. A más camas disponibles, según el gobierno, menor gravedad de la pandemia. Pero según el especialista, una gran disponibilidad de camas debe ir acompañada de personal médico e insumos para atender a los pacientes.
No ocurrió así, ya que el gobierno, buscando generar los menores costos posibles, no capacitó al personal para el uso adecuado de los respiradores mecánicos.
“Aumentar camas es una condición probablemente necesaria, pero insuficiente. No puede simplemente instalarse un mayor número de camas, incluso de cuidados intensivos, si no se acompaña del equipo y del personal debidamente entrenado y capacitado para el manejo de un problema respiratorio agudo severo”, dijo.
Pero el subsecretario Hugo López-Gatell, de manera cotidiana, destaca la fortaleza de la respuesta oficial insistiendo en el gran número de camas disponibles. Hubo varios momentos en que las camas disponibles, según los dichos oficiales, eran miles, pero aún así las muertes se seguían acumulando en gran cantidad.
Para Sepúlveda, muchas eran camas que servían solamente para que los pacientes llegaran a morir. “Al IMSS llegaban muchos pacientes fueran o no derechohabientes, en estado avanzado de la enfermedad, casi casi llegaban a morir”.
El investigador de la Universidad de California fue cuidadoso al señalar que “no es culpa de nadie”, pero fue tajante al decir “que miles de estas muertes eran evitables”.
“Si bien no es culpa de nadie, no era tampoco inevitable el haber tenido el desastre que tuvimos en México; miles de estas muertes eran evitables”.
Sepúlveda agregó, tal como señala el estudio, que el impacto más intenso de muertes y contagios tuvo lugar entre la población más pobre, que se caracteriza por vivir de la economía informal, en hogares multigeneracionales y en hacinamiento.
“Son quienes más han resentido esta inacción e incompetencia gubernamental. Es algo tan triste y tan devastador en su impacto, tan inequitativo en su distribución, que esto debe convertirse en un nuevo contrato fiscal y social, en donde el derecho a la salud se recobre por el sistema nacional de salud”.
Admitió que parte de la tragedia consiste en la preexistencia de un sistema de salud que sufre “desinversión crónica”, pero, al contrario de lo que afirma el presidente actual, el Sector Salud no ha sido beneficiado con mayor inversión, sino con recortes presupuestales y graves subjejercicios.
“Hemos visto una erosión institucional en curso, con reformas mal hechas, atropelladas, no consensuadas, mal instrumentadas, como el Insabi, la compra de medicamentos y centralización, han sido realmente mal instrumentadas”.
Finalmente, pronosticó que “tendremos lamentablemente en todo 2021 una pandemia prolongada”, pero que “todavía se pueden hacer intervenciones y políticas públicas que logren reducir cadenas de transmisión y evitar la altísima morbimortalidad”.
