El arribo de ya más de 46 mil dosis de la vacuna contra la Covid-19 a nuestro país ha encendido una polémica en las redes sociales por la intervención privada en la adquisición, distribución y aplicación del medicamento. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas lo podrán adquirir sin impedimento.
Después de la recepción de Estado que se le dio al primer envío de vacunas, incluso hubo denuncias de personal médico en el hospital La Raza porque las 22 dosis fueron para directivos (lo que contradijo Zoé Robledo, director general del IMSS) y también hubo reportes que en otros lugares faltaron para los trabajadores de la salud citados para recibir el medicamento.
A ello se debe sumar que no ha habido suficiente y detallada información sobre el plan de vacunación.
También ha habido una politización del asunto: por ejemplo, los gobernadores que integran la Alianza Federalista anunciaron hace varios días que, ante la falta de información y colaboración de las autoridades federales, buscarían hacer por su parte la adquisición de las vacunas, lo cual fue rechazado por el subsecretario de Prevención de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
A lo anterior también se suma que el partido gobernante, Morena, ya está usando la vacunación para sus propósitos electorales mediante videos y mensajes en redes sociales.
En el contexto anterior, en las redes sociales se inició una intensa discusión sobre la participación privada desde los fondos para la investigación médica científica hasta su probable comercialización y compra por parte de empresas e individuos.
Si bien en general no se ha negado que la vacuna contra la Covid-19 deba ser universal y gratuita, sí se ha propuesto que, por la ineficacia gubernamental en la atención a la pandemia de Covid-19, ciudadanos y empresas puedan comprar y aplicar las vacunas. Incluso se ha llegado a proponer que quien decida comprar su vacuna, pague por hasta cuatro o cinco más que serían aplicadas a las personas más vulnerables y sin recursos para ello, lo que aumentaría los recursos del gobierno para adquirirlas.
Sin embargo lo anterior desató una furibunda reacción de los sectores oficialistas, que afirman que lo que los pudientes reclaman es el privilegio de serlos primeros vacunados, incluso antes que el personal médico, lo que no se propuso. Además reclamaron prácticamente el monopolio del gobierno para la aplicación de la vacuna sin tomar en consideración a los servicios médicos privados, cuya colaboración será muy probablemente necesaria para la gigantesca labor.
Para intervenir en la disputa, este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje desde Palacio Nacional, dijo que su gobierno no impedirá la compra de la vacuna por empresas privadas que quieran comercializarla.
“Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro, si hay empresas que quieran comprar las vacunas en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento; es decir, para que se venda la vacuna que se compre fuera. Nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesite para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento. No porque yo tengo dinero, yo voy a vacunarme primero; o yo soy político o soy influyente, y me vacuno primero. No, eso no; así no es la cosa. Entonces es para todos”, dijo el mandatario.
Sólo dijo que lo que se deberá respetar es el plan de aplicación gubernamental con el orden establecido en su calendario: primero el personal médico, y después la población de mayor edad y personas con enfermedades que sean factores de riesgo. Además, no hizo referencia a la pretensión de la Alianza Federalista de adquirir las vacunas para sus estados.
Sin embargo no es sencillo que las empresas adquieran las vacunas. Al respecto una de las explicaciones más claras al respecto es la del consultor médico Xavier Tello, quien en un artículo explica que las vacunas contra la Covid-19 no se venden porque sólo tienen “autorización para uso de emergencia”. Eso ocurre también en México, donde la Comisión Federal Para la Protección de los Riesgos Sanitario asumió el mismo estatus legal que la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos. Ese estatus, aclara el especialista, puede ser retirado si se nota algún efecto colateral que no haya sido documentado previamente.
También explica que las vacunas se encuentran aún en la fase 3 de estudios clínicos, por lo que no cuentan con el registro sanitario que permita su comercialización.
Como la utilización de las vacunas es sólo de emergencia, informa Tello, sólo se ha provisto directamente a los gobiernos nacionales para la atención gratuita y que no hay para comercialización privada. Y añade: “No hay nada qué comprar, porque no hay nada a la venta”.
Pero Tello también menciona que varios gobiernos del mundo, para enfrentar la enorme tarea de vacunar a la población adulta, ya han hecho alianzas con “aseguradoras, administradoras de salud, cadenas de farmacias e incluso grupos de médicos y hospitales privados”.
Sin embargo, señala que “el gobierno de México no ha dado alguna señal de querer hacerlo por esta vía y personalmente creo que esta es una pésima posición”. Y no sólo ello, sino que recuerda las peleas del gobierno federal con los proveedores de logística y distribución farmacéutica y menciona la utilización propagandística que el partido en el poder ya le está dando a las vacunas.
Mientras tanto, la Secretaría de Salud anunció este domingo que en el país ya habido un millón 383 mil 434 contagiados de Covid-19, y 122 mil 426 muertos por esa enfermedad.
