Debido a que no se pudieron comprobar los vínculos delictivos de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, con Ismael Zambada, el Mayo, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, ayer el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) “descongelar” ocho cuentas bancarias de ella aseguradas desde 2002.
Según el fallo, “el Juez emitió sentencia absolutoria en favor de la quejosa y que de manera expresa ordenó dejar sin efectos ese aseguramiento”. De esa forma, ahora las cuentas volverán a Ávila Beltrán, y no sólo ello, sino que también deberán ser liberados los rendimientos generados.
Fue el 7 de agosto de 2002 cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ordenó asegurar ocho cuentas de Ávila Beltrán que se encuentran en los bancos Santander, Mercantil del Norte, HSBC y BBVA Bancomer.
Con anterioridad una jueza federal había concedido a Ávila Beltrán un amparo para liberar sus cuentas bancarias, pese a lo cual los magistrados habían considerado que su resolución no había sido clara.
El juez estimó que debían confirmarse las consideraciones del amparo a la quejosa, “en las que –en esencia– se reconoce que las sentencias absolutorias que se han dictado a su favor, al tratarse de cosa juzgada, ocasionan un estadio jurídico en el que los aseguramientos ya no tienen razón de existir”.
La sentencia dictada dice que “no se especificó respecto de cuáles cuentas bancarias de la quejosa debía levantarse su aseguramiento; es decir, número de cuenta e institución donde están radicadas cada una de ellas, sino que solamente señaló de manera genérica que debían descongelarse las cuentas bancarias que le hubieren sido aseguradas.
“La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Sandra Ávila Beltrán, respecto de los actos reclamados a los órganos ministeriales recurrentes”.
Así, el Ministerio Público deberá ordenar el levantamiento del aseguramiento “así como la devolución del numerario contenido en esas cuentas, y de ser el caso, sus respectivos rendimientos”.
Después de su detención en septiembre de 2007, a la llamada Reina del Pacífico no se le encontraron nexos directos con Zambada y otros jefes del Cártel de Sinaloa (del que se dijo que era administradora), sino que sólo fue procesada por complicidad con su pareja, Juan Diego Espinosa Ramírez, un narcotraficante colombiano.
Tras ser extraditada a Estados Unidos en 2012, para lograr conseguir beneficios como la reducción de su condena, en una Corte de Miami Ávila Beltrán se declaró culpable de colaborar con Espinosa Ramírez y de tráfico de cocaína. En 2014 fue condenada a 70 meses de prisión, los que había purgado en México, por lo que fue liberada en febrero de 2015.