La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 una recomendación para que el gobierno mexicano pagara 42 millones de pesos a José Gutiérrez Vivó por violación a su libertad de expresión, resolución que se había mantenido como información reservada, informó Aristegui Noticias. La queja fue presentada por el periodista después de que un mes antes Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente, anunciara que su gobierno estaba atendiendo su caso y respondería por el daño que le causó el Estado mexicano.
Aristegui Noticias publicó el reportaje “CNDH emitió y ocultó recomendación para indemnizar a Gutiérrez Vivó con 42 mdp”, de Regina Diez Gutiérrez y Juan Omar Fierro, en el que se da cuenta de la forma extremadamente rápida y extraña en que el organismo de derechos humanos resolvió rápidamente en 2020 una queja presentada por el periodista, una recomendación que después ocultó.
Ese medio tuvo acceso a la recomendación del caso de Gutiérrez Vivó, quien denunció violaciones a la libertad de expresión debidas a la censura informativa impuesta por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En ese documentó se indica que el periodista presentó su queja el 28 de septiembre de 2020.
Sin embargo, el trabajo periodístico de Aristegui Noticias no refiere una importante declaración del entonces presidente sobre el caso de Gutiérrez Vivó y que puede ayudar mucho a explicar el veloz y extraño trámite que la CNDH le otorgó. En efecto, un mes antes de que el locutor presentara su queja ante ese organismo, López Obrador dijo, el 27 de agosto de 2020, que estaban atendiendo su caso para resarcir el daño que se le había causado.
“Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno, precisamente, de Calderón. Lo expulsaron del país, está en Estados Unidos, se tuvo que asilar, y en situación muy difícil. Que, por cierto, nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron”, afirmó con toda claridad el tabasqueño, quien usó en varias ocasiones ese caso para ejemplificar la censura de gobiernos anteriores contra los periodistas.
Curiosamente, un mes después Gutiérrez Vivó presentó en la CNDH su queja por la censura informativa (“que continúa a la fecha”) de la que fue objeto por parte de la mencionada dependencia de la Secretaría de Gobernación, con la que se le violentó su derecho humano a la libertad de expresión.
El comunicador también señaló que la Secretaría de Gobernación permitió un bloqueo publicitario en contra de sus empresas Infored y El Heraldo, lo que le provocó que incumpliera con sus obligaciones, como el pago de salarios a sus trabajadores, lo que causó la quiebra de aquellas.
Entre las afectaciones que alegó el periodista estaban “la destrucción de su carrera profesional, desprestigio público, perdidas (sic) económicas, quiebra de empresas, así como diversas enfermedades”. Además, por temor a represalias, explicó que se había tenido que trasladar a Estados Unidos.
El asunto fue resuelto por la CNDH en fast track (aunque no los 20 días que indica erróneamente el reportaje de Aristegui Noticias) y emitió su recomendación 54/2020 el 18 de noviembre de 2020. En ella prácticamente otorga la razón en todo a los alegatos de Gutiérrez Vivó, lo que fundamenta tanto en la legislación nacional como en tratados y convenios internacionales.
Como reparación a las violaciones contra los derechos humanos de Gutiérrez Vivó, la CNDH consideró que “la cantidad razonable” para cubrir la indemnización para el comunicador era de 42 millones de pesos.
Además de ello, la CNDH también recomendó a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, dar capacitación en derechos humanos al personal de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en especial en las materias de libertad de expresión y prohibición de la censura.
Entre los asuntos señalados en el reportaje de Aristegui Noticias también está la rapidez con la que el Comité Técnico del Fideicomiso 10233 de Bansefi, Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos resolvió el pago al periodista: lo acordó el 4 de diciembre de 2020.
Así, apenas 67 días transcurrieron entre la presentación de la queja de Gutiérrez Vivó en la CNDH y que la Secretaría de Gobernación acordara el pago de la indemnización de 42 millones de pesos. Al respecto, no está de más señalar que ello ocurrió, además, en plena pandemia de Covid-19.
También hay que observar que fue muy eficiente el circuito establecido entre López Obrador, Gutiérrez Vivó, Rosario Piedra Ibarra (presidenta de la CNDH) y Olga Sánchez Cordero (entonces secretaria de Gobernación), que en menos de cuatro meses resolvieron el caso. Ello, aunque el área de Difusión de la CNDH afirmó a Aristegui Noticias que apenas en septiembre del año pasado se dio por “totalmente cumplida la recomendación”, aunque no se especifica si sólo se refiere al pago de la indemnización o también, a asuntos como los cursos de derechos humanos para el personal.
Otro tema que destaca el reportaje es que para establecer el monto de la indemnización, la CNDH cita numerosa legislación al respecto, pero “no se incluyeron facturas, peritajes o estudios de ningún tipo para soportar el monto de la compensación”.
Un tema más resaltado en el trabajo periodístico es la reserva con la que se ha mantenido la recomendación que favoreció a Gutiérrez Vivó. En ese mismo documento se especifica que no se haría pública “por la naturaleza del caso, en razón de que se encuentra en diversas notas periodísticas”, se podría identificar a la víctima y ponerla en estado de vulnerabilidad.
Sin embargo, al respecto Aristegui Noticias destaca que de la CNDH se le informó que la reserva se hizo a petición de la víctima, y remata: “La recomendación del caso Gutiérrez Vivó es la única que permanece reservada en el año 2020 y también es de las pocas que no se publicitaron a través de un comunicado de prensa”.
