Luego de la ola de críticas que recibió en las redes sociales y también medios tradicionales, el diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, se retractó de su proyecto original de la llamada ley antistickers, en la cual proponía penas carcelarias para quien difundiera memes, stickers, audios, videos u otro tipo de materiales digitales, sin el consentimiento de las personas involucradas.
En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador se justificó con el argumento de que su propósito era hacer un propuesta semejante a la Ley Olimpia, en la que se sanciona la divulgación de fotos íntimas de una persona sin su autorización; en su caso, el objetivo era sancionar el uso de la inteligencia artificial con fines difamatorios o en perjuicio de la reputación de las personas.
Se dijo abierto y receptivo a la preocupación y críticas de periodistas y otras personas que le hicieron notar que era un error incluir en su proyecto los stickers o los memes, por lo que ofreció retirar esa parte de su iniciativa y únicamente centrarse en la creación de contenidos con inteligencia artificial.
La conductora le planteó al diputado morenista que la inteligencia artificial, ya está siendo usada también por caricaturistas y comediantes, con fines humorísticos, por lo que la ley podría acercarse a los linderos de la censura; Corona Arvizu dijo estar en contra de esta práctica, por lo que reformulará su proyecto para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la libertad de expresión y cuando lo concluya, lo dará a conocer.
Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre, en la Gaceta Parlamentaria se publicó el proyecto del diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, en el que planteaba cárcel de entre 3 y 6 años para quien difundiera memes o stickers sin el consentimiento de las personas aludidas.
En su exposición de motivos, el legislador adujo que el uso de estas herramientas digitales sin permiso constituye una forma de “violencia moderna” que atenta contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas.
La sanción podría agravarse si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, servidor público en funciones o si la difusión del contenido se realiza de forma masiva en redes sociales o mensajería instantánea. En tales situaciones, planteó que la pena se ampliara “hasta en una mitad”.
Las críticas no se hicieron esperar y los usuarios saturaron las redes sociales con críticas hacia esta propuesta, manifestando su preocupación de que el oficialismo siga avanzando en prácticas autoritarias.
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