Diputados del PRI cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional de dicho partido, se mostraron dispuestos a acompañar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que impulsará la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Mientras en el Senado se debate la iniciativa priista ya aprobada para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, diputados del PRI manifestaron este martes 20 de septiembre, su afán por seguir alineándose al oficialismo, esta vez al debatir y votar a favor de la reforma electoral que implicaría la desaparición del INE.
Durante una reunión de la Comisión de Reforma Política-Electoral, el diputado Javier Casique dijo que la revisión del sistema de fiscalización electoral “es impostergable” y que es “momento de empezar una amplia discusión”.
A su vez, la diputada Cristina Ruiz dijo que su bancada está dispuesta a abordar la reforma electoral. Esto, a pesar de que recientemente Alito dijo que su partido seguía respetando los acuerdos tomados dentro de Va por México, uno de ellos la “moratoria constitucional” consistente en no discutir ni votar ningún proyecto de reforma a la Constitución.
Cristina Ruiz dijo que su bancada está “a favor de todo lo que sume a la democracia del país”, pero dijo que no solaparán proyectos “que perjudiquen la autonomía de los órganos encargados de organizar elecciones y de defender los resultados”.
Sin embargo, tal advertencia difícilmente es digna de ser tomada en cuenta, considerando que hace apenas unas semanas Alito Moreno sostenía que jamás apoyaría la militarización y, tras fuertes presiones del gobierno, acabó doblándose.
Por lo mismo, es factible esperar que la bancada del PRI acabe apoyando irrestrictamente la iniciativa electoral de Morena, la cual, según anunció el diputado Ignacio Mier, se discutirá a más tardar el 15 de octubre. Uno de sus objetivos será poner “límites” tanto al INE como al TEPJF, tema en el que todos los partidos coinciden, según él.
Se recordará que la propuesta de reforma plantea desaparecer al INE y sustituirlo por un nuevo organismo, recortar severamente el presupuesto asignado al órgano electoral, al bajar sueldos, reducir el número de consejeros y bajar el financiamiento de los partidos.
Todo lo anterior resultaría en el debilitamiento del sistema de partidos y en pérdida de autonomía del árbitro electoral.
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