A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que el Estado ya no viola derechos humanos, el organismo Comité Cerezo México afirmó que durante 2022 se registraron 22 ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos cometidas por miembros del Estado mexicano.
En su más reciente informe indica que los defensores de derechos humanos fueron asesinados por su activismo, sumando 79 a lo largo del sexenio de AMLO.
“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2022 bajo la administración de AMLO es de 22 personas defensoras de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.
Agrega que aun cuando el control mediante el “terror” no es una estrategia propia de este gobierno, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado (funcionarios, elementos de seguridad pública y más) siguen ocurriendo y ello es causa directa de la impunidad que esta administración no ha abatido. Enfatiza que el actual gobierno controla a las personas “por medio de los programas sociales”.
“Se mantiene la práctica de la ejecución extrajudicial en nuestro país, no en los niveles de EPN, ya que las cifras de, hasta su cuarto año eran de 96 casos, en comparación con los 79 que lleva AMLO en su sexenio y sólo disminuyeron en dos casos con respecto al año pasado”, dice el reporte. Los principales beneficiarios de estos delitos son en primer lugar los gobierno emanados del PRI y en segundo lugar los de Morena. .
“En la mayoría de los casos se desconoce el perpetrador, en tanto que en segundo lugar están los grupos paramilitares como responsables y, en tercer lugar, las policías estatales”.
Como en los años anteriores de este gobierno, la estrategia de control social a nivel federal se basa fundamentalmente en los programas sociales, sin que esto quiera decir que se no se mantienen las estrategias de represión política y contrainsurgente, aunque como hemos visto en menor grado respecto a la ejecución extrajudicial. Las cifras nos siguen diciendo que esta grave violación a los derechos humanos no es una práctica generalizada en nuestro país, aunque sigue siendo grave que sigan sucediendo estos crímenes de Estado, creemos que se mantendrán las cifras en los dos restantes años del gobierno de AMLO, como decíamos más arriba, uno debido a que el gobierno federal tolera que en los estados y municipios se siga cometiendo esta grave violación de derechos humanos y dos, por la política de impunidad que aún se mantiene en los diversos estados del país.
Y, no obstante que según el organismo el gobierno actual no recurre, por estrategia, a medidas de terror y represión, los asesinatos de defensores de derechos humanos ya superan las cifras del sexenio calderonista.
Ello se explica porque “a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los sexenios anteriores. El segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad, escudándose en que no es de su competencia el delito de homicidio”.
Es decir, que el gobierno federal, sobre el que descansa la mayor responsabilidad del Estado mexicano, ha abdicado de su responsabilidad.
“Es preciso recordar que, hasta antes de la entrada de AMLO a la presidencia, los gobiernos del PAN, a partir del 2006 y del nuevo PRI, usaron principalmente la estrategia de control social mediante el terror para profundizar la política económica neoliberal en México, sin que esto quiera decir que dejaron de usar la estrategia de represión política y la estrategia contrainsurgente”, señalan.
“La que fundamentalmente continúa es la estrategia de represión política, aunque ya no implementada directamente por el gobierno federal, pero sí permitida y tolerada, sino la implementación se realizará por medio de los gobiernos estatales y municipales, principalmente los que son gobernados por la alianza, PRI-PAN-PRD y conforme han ganado otras gubernaturas MORENA, también se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales cometidos en los estados ganados por ese partido político”.
El organismo señala que México es uno de los países más peligrosos para la vida de los defensores de derechos humanos.
Se recordará que diversas agrupaciones de periodistas han señalado que la misma situación priva para el gremio periodístico y es el mismo caso para los defensores del medio ambiente.
Estas tres categorías: defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas, sufren de los más elevados niveles de riesgo para su vida y seguridad en México, desde hace varios sexenios, pero la situación más grave se presenta durante el actual gobierno.
De entre los 22 ejecutados, ocho eran indígenas, 12 mestizos y uno afrodescendiente. La mitad de los casos tuvo como responsables a agentes de gobiernos municipales, y en segundo lugar a gobiernos estatales. Ningún caso está relacionado con el gobierno federal de manera directa.
“En el caso del beneficiario de las ejecuciones extrajudiciales, no encontramos ningún caso en el que el gobierno federal sea el beneficiario de dicha violación a los derechos humanos”.
“Como cada año, Oaxaca, bajo el gobierno priista, se destaca con el mayor número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales con diez casos, le sigue Puebla bajo el gobierno del recién fallecido gobernador de MORENA con tres casos y Michoacán, también con gobierno de MORENA con dos casos, los siete estados restantes tienen un solo caso cada uno. Es de notar que el gran ausente de esta lista es el estado de Chiapas, el cual siempre aparecía en años anteriores entre los tres primeros lugares”.
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