La transformación que necesita el país no puede ni debe impulsarse a partir de vulnerar la soberanía de las entidades federativas, ni de sus autoridades legítimamente electas, expresó el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el futuro mandatario estatal rechazó que su pronunciamiento emitido este jueves tenga un ánimo de confrontación con el gobierno que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre; por el contrario, la idea es respaldarlo en llevar a cabo los cambios profundos que se requieren, pero no con decisiones que van en contra del orden constitucional y el estado de derecho.
Alfaro Ramírez cuestionó que el partido mayoritario en el Congreso de la Unión actúe como “una aplanadora” para avalar reformas que a todas luces son violatorias de la autonomía de los estados, por ejemplo, con la creación de los delegados estatales, que invaden los ámbitos de competencia de los gobernadores incluso en temas como el presupuesto y la seguridad. Advirtió que su gobierno, hará valer las atribuciones que por ley le corresponden.
“En Jalisco haremos que se respete la Constitución. El delegado especial del gobierno federal no va a estar en las mesas de seguridad, Aquí en Jalisco, esas medidas no van a pasar, así de claro”, aseguró.
Por otra parte, señaló que así como se reconoce la legitimidad del gobierno de López Obrador, él y su equipo de trabajo tienen el deber legal de hacer lo propio con los gobiernos de los estados que también recibieron un mandato muy concreto por parte de sus pobladores, por lo tanto, es inaceptable que se les quiera reducir a meros espectadores en las decisiones importantes del país.
Expuso que en el caso de Jalisco, también existen proyectos y programas prioritarios que sus habitantes demandan, y desafortunadamente, no han sido tomados en cuenta por el equipo de transición en la definición del presupuesto para el año próximo.
Reiteró su disposición al diálogo, pero al mismo tiempo advirtió que recurrirá a las instancias legales que sea necesario, en caso de que no se dé marcha atrás a aquellas decisiones que pongan en riesgo el federalismo, la autonomía de los estados e incluso, la estabilidad del país.
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