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La secretaría de Gobernación rechazó que en Tlatlaya, el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar haya tenido la orden de asesinar a presuntos delincuentes. Abatir, no significa privar de la vida, destacó el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa.
Lo anterior, luego de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicara ayer el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, donde exponen que el teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez recibió la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
“Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de ilícitos se comete en ese horario”, dice el párrafo del documento oficial que expone la ONG, tras tener acceso al expediente de la causa penal 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, por ser representante legal de “Julia”, una de las tres testigos del caso.
Al respecto, de acuerdo con un reporte de La Jornada, el funcionario pidió hacer una lectura integral del documento que presentó Prodh, pues aseguró que la palabra abatir no significa asesinar. De hecho en el mismo, hay un párrafo que dice: “las operaciones deben realizarse en estricto apego a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos a instalaciones militares”.
“El término abatir tiene 10 acepciones distintas en el diccionario; ninguna es privar de la vida sino desarmar, descomponer, incriminar, derribar, hacer que algo caiga o descienda”, afirmó.
“No hay ningún fundamento en ninguna disposición que permita la interpretación de privar de la vida a mexicanos”, agregó.
Campa también comentó que cada una de las 37 instrucciones emitidas por el mando se sujetan al mandato de hacer que prevalezca en todo momento el respeto a las garantías básicas de los involucrados.
Asimismo recordó que siete elementos castrenses enfrentan tanto un proceso en el fuero militar como en el civil, por no actuar conforme a la instrucción recibida, es decir, por excederse en el uso de la fuerza.
“Aunque se trate de los peores delincuentes, frente a ellos el Estado no puede sino sujetarse a la ley. Y como en este caso presuntamente no se sujetaron a la ley, están en este momento sujetos a un proceso civil y militar por el incumplimiento de esta instrucción”, dijo.
Entre las recomendaciones que emite la organización pide crear una nueva comisión indagatoria para el caso, en la que participen especialistas de la CNDH e independientes, a efecto de precisar el número de víctimas, toda vez que la PGR y la Comisión de Derechos Humanos presentan números distintos en sus indagaciones, para realizar una nueva consignación a efecto de que se procese a los presuntos responsables por la totalidad de los homicidios que cometieron.
También solicitar transparentar los expedientes del caso y suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes” y someterse a un proceso de revisión civil independiente tendente a identificar –para su cancelación– todas aquellas órdenes de operación que sean abiertamente contrarias al respeto de los derechos humanos.
ahea
