Sin que esté contemplado en la Constitución, Ernestina Godoy, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, planteó que los comités de Evaluación de aspirantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo asuman la tarea del comité del Poder Judicial, que está respetando la suspensión dictada por un juez. Lo mismo propuso la semana pasada el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, hasta ahora sin fundamento legal y sin éxito.
Durante la conferencia de prensa presidencial, en la que Claudia Sheinbaum volvió a lanzar una embestida contra Norma Piña y algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los que acusa de oponerse a la reforma judicial, Godoy emitió una propuesta que carece de asideros constitucionales y que ya había sido enunciada por José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Este viernes la consejera jurídica refirió que “el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió interrumpir, suspender, esta evaluación”. Dijo que eso lo conversó con los ministros y que hubo “puntos de vista desde lo jurídico” para que ese comité reanude sus trabajos debido a que se están afectando los derechos de 3 mil personas que se inscribieron en esa instancia para participar en la elección judicial.
Godoy planteó la opción para esa situación: “Estaremos analizando las posibilidades de que las personas que están inscritas en ese comité puedan ser evaluadas con los otros comités. Vamos a analizarlo para que no se vulneren los derechos de estas 3 mil personas que confiaron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial”.
Añadió que el trabajo de los comités de los poderes Ejecutivo y Judicial continúa y que “están trabajando muy bien, de manera pública y siguiendo todos los procedimientos”.
Sobre si estos comités asumirían las tareas del correspondiente al Poder Judicial dijo que lo iban a analizar: “Cada Comité tiene su obligación, y nosotros tenemos que analizar de manera conjunta con el Senado, incluso, que es quien tiene que, de acuerdo a la reforma constitucional, es quien tiene que resolver situaciones que se dan”.
Lo que propuso este viernes Godoy ya lo había enunciado el senador Fernández Noroña desde el 8 de enero, sin mayor éxito hasta ahora debido a que no tiene sustento constitucional ni legal.
El 7 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial anunció que acataba una suspensión otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Michoacán por un amparo que fue promovido en contra de las leyes federales o secundarias que reglamenten la reforma constitucional en materia judicial. Esa resolución también vincula a los comités de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero quienes encabezan estos poderes anunciaron su desobediencia.
Ante ello, un día después, en una conferencia de prensa, Fernández Noroña, además de anunciar el desacato de la orden judicial, acusó a quienes sí la obedecieron de “irresponsabilidad” y “negligencia” (sic), pero que ellos salvarían la situación de los aspirantes inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Entonces dijo, sin ningún fundamento, que la Constitución establece que lo no previsto sobre el proceso lo deben resolver la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, y anunció: “Tomaremos el acuerdo para que todas las personas que se registraron vía el Poder Judicial sean integradas al proceso, y si resultan en la insaculación, serán candidatas en el proceso”.
Sin embargo Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, aclaró que en el artículo 96 constitucional establece que si los poderes no remiten sus postulaciones en el plazo indicado en la convocatoria, perderán esa facultad y no podrán hacerlo posteriormente.
Agregó que en la Constitución no se establece ningún mecanismo que permita que el Senado supla la falta de postulaciones del Poder Judicial ni tampoco procesar las solicitudes de aspirantes de otro poder, además de que ese órgano legislativo no “puede atribuirse facultades que no le corresponden a través de un acuerdo”.
Finalizó al recordar que en un artículo transitorio de la reforma judicial se establece la literalidad y que no hay lugar a interpretaciones. En la Constitución no hay nada que sirva para la salida que pretendía Fernández Noroña.
Sin embargo, ahora Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, insiste en ello.
